El Pleno del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado nuevas medidas para aumentar la construcción de viviendas de protección pública, generando debate entre los grupos políticos sobre la situación actual del mercado inmobiliario.
La moción, respaldada por el grupo municipal Popular, se plantea el objetivo de edificar más de 1.000 viviendas de este tipo utilizando terrenos municipales y colaboraciones público-privadas.
Este enfoque surge en un contexto de creciente interés por regular mejor el mercado de la #vivienda en la ciudad. En particular, otros grupos políticos, como Compromís y el PSOE, han solicitado la declaración de #Valencia como 'zona tensionada' para housing, lo que obligaría al Ministerio de Vivienda a implementar medidas que protejan a pequeños propietarios y aumenten la oferta de alquiler.
Sin embargo, estas propuestas fueron rechazadas por el equipo de gobierno, que aduce que tales declaraciones pueden trasladar problemas a otras áreas, generando más desinversiones y el deterioro de edificios.
En su intervención, el concejal de Urbanismo, Juan Giner, manifestó que declarar a Valencia como zona tensionada podría crear más problemas de los que se resolverían.
Giner argumentó que alrededor del 70% de las viviendas en Valencia se adquieren sin hipoteca, lo que indica que la situación del mercado es compleja y que se deben buscar soluciones integrales.
También instó a modificar el Plan General de Ordenación Urbana para evitar que la proliferación de hoteles invada espacios residenciales.
En cuanto a la infraestructura urbana, el Pleno abordó la necesidad de una reforma en el sistema de financiación municipal, que fue implementado hace más de dos décadas, y ahora se percibe como obsoleto.
La concejalía también rechazó la existencia del 'cupo catalán', que, según los representantes del Ayuntamiento, perjudica la autonomía local garantizada constitucionalmente.
El grupo municipal Popular propuso iniciar trámites ante el Tribunal Constitucional para defender los intereses de Valencia en este sentido
El grupo municipal Popular propuso iniciar trámites ante el Tribunal Constitucional para defender los intereses de Valencia en este sentido.
El debate se tornó intenso cuando se discutieron varias propuestas, especialmente en relación a los servicios sociales. Se sugirió incrementar la plantilla profesional en servicios sociales para reducir los tiempos de espera en la Ley de dependencia. Esta moción fue desestimada, lo que llevó a críticas sobre las carencias en estos servicios.
Además, se aprobó una moción que establecerá el desarrollo del 'Gran Pulmón Verde', fomentando la creación de nuevas zones verdes en los barrios del sur de Valencia.
Se busca que esta iniciativa no solo responda a las demandas vecinales, sino que también cuide el entorno urbano de la ciudad, integrando pensamientos acerca de un modelo de ciudad más sostenible y accesible.
En resumen, el Pleno del Ayuntamiento de Valencia se encuentra en un momento decisivo donde las decisiones políticas pueden repercutir significativamente en la vida de sus ciudadanos, no solo en aspectos como la vivienda, sino también en la calidad del entorno urbano y los servicios esenciales para la comunidad.
