El Ayuntamiento de València aprueba una normativa para devolver las viviendas al uso residencial, limitando los alojamientos turísticos y estableciendo tres barreras (candados) para evitar la saturación del alquiler turístico y proteger comercios y vecinos.
El concejal de Urbanismo, Juan Giner, presentó una #regulación que no es una novedad aislada, sino un paquete de medidas pensado para estabilizar barrios, evitar la saturación turística y devolver a la gente normal la posibilidad de vivir en su casa sin que la oferta de alquiler turístico lo desboque todo.
En palabras simples: se busca que la gente pueda vivir en las viviendas, que los comercios de barrio tengan clientes y que no aparezca una masa de apartamentos turísticos que acaben empujando a los vecinos a buscar otro lugar para vivir.
Entre los ejes centrales de la nueva normativa destacan tres “candados” o salvaguardas que operarán de forma simultánea para bloquear nuevas plazas turísticas cuando alguno de los umbrales se alcanza.
En primer lugar, se fija que el total de plazas de alojamiento turístico (hoteles, apartamentos y viviendas turísticas) no podrá superar el 8 % de los habitantes empadronados en cada barrio o distrito.
Ciutat Vella, por su historia y estructura, queda fuera de esta regla general y conservará su régimen específico, que ya está en curso desde políticas anteriores.
En segundo lugar, se establece un tope del 2 % del total de viviendas de cada barrio o distrito para uso turístico. Por debajo de ese porcentaje, solo podrán destinarse a ese uso las viviendas situadas en bajos y primeras plantas, y siempre de forma que no coexistan con viviendas en el mismo rellano.
Es decir, no se permitiría la convivencia de vecinos y turistas en el mismo nivel de la escalera, con el objetivo de preservar la calidad de vida de quienes viven allí.
El tercer candado se aplica a la planta baja de las manzanas con predominio residencial: como máximo se permitirá el 15 % de locales que tengan un uso turístico en cada parcela.
Esta medida protege la diversidad comercial y evita que la calle principal se llene de alojamientos en detrimento de tiendas, bares y servicios locales.
El objetivo es claro: mantener la vida de barrio, con comercios que funcionen y una oferta de servicios que no esté supeditada sólo al turismo.
Además de estos límites, la normativa introduce mecanismos para reforzar la legalidad y la información pública. Se crea un Censo Municipal de Alojamientos Turísticos (CATAV) que solo incluirá actividades con su título habilitante municipal vigente. Eso permitirá a la administración saber cuántos alojamientos turísticos operan realmente en cada punto de la ciudad y, a la vez, facilitar inspecciones para clausurar las plazas ilegales o sin autorización.
La ciudad contará con un plan de inspecciones específico para detectar y actuar contra las viviendas que funcionen como alojamientos sin título habilitante
Otra pieza clave es la apuesta por la transparencia y la inspección. Según Giner, se pasa de una etapa de “barra libre” a una etapa de ordenación y control. La ciudad contará con un plan de inspecciones específico para detectar y actuar contra las viviendas que funcionen como alojamientos sin título habilitante.
En la práctica, eso quiere decir menos bed-and-breakfast improvisados y más seguridad jurídica para vecinos y negocios.
La norma contempla también una ventana de transición: un plazo de un año desde la entrada en vigor para facilitar la reversión de viviendas turísticas a uso residencial, siempre que cumplan las condiciones de habitabilidad.
Durante ese periodo, la reversión podría hacerse con independencia de determinados requisitos de acceso o del uso de locales colindantes, con la idea de corregir situaciones existentes sin poner en riesgo la habitabilidad de las viviendas.
La regulación no llega de la nada. El concejal ha recordado que, antes de estas medidas, la ciudad convivía con una amplia oferta turística que en ciertos momentos saturaba barrios enteros y ponía en tensión comercios y servicios de proximidad.
En su comparativa, citó ejemplos como la situación anterior con miles de apartamentos anunciados en plataformas y la necesidad de proteger a la población local frente a estas dinámicas.
También subrayó que, gracias a estas medidas, el objetivo es que “solo el 2 % de las viviendas en edificios residenciales tengan uso turístico, todas serán legales y estarán repartidas de forma equilibrada por toda la ciudad”.
La implementación de estas reglas no es automática: primero debe pasar por la Comisión de Urbanismo y luego por otros cauces legislativos. Sin embargo, la dirección es clara: València quiere una ciudad con #vivienda para la gente que ya vive allí, un comercio de barrio vivo y un turismo que no desborde la vida diaria de los vecinos.
El contexto histórico de la ciudad, con un uso turístico que en años anteriores se expandía sin límites, sirve de lección: las autoridades buscan ahora un equilibrio que asegure la convivencia entre vivienda, negocio y turismo, pero con reglas claras, verificables y, sobre todo, cumplibles.
En general, la intención es reducir la disponibilidad de viviendas para alquiler turístico, evitar que ciertas zonas se conviertan en hubs turísticos y facilitar que las familias y los pequeños negocios tengan un entorno estable y previsible para invertir y vivir.