El Pleno municipal aprueba elevar a la Generalitat el expediente para fijar la doble denominación València / Valencia, con la AVL como órgano consultado y un debate político intenso.
De este modo, la Administración local remite a la Generalitat, órgano competente para fijar los nombres oficiales de los municipios de la Comunitat Valenciana, un asunto que ya había sido tratado en la comisión de Bienestar Social, Educación, Cultura y Deportes el pasado 16 de diciembre.
Durante la sesión, el equipo de gobierno, formado por PP y Vox, defendió la legalidad del proceso y sostuvo que se está cumpliendo con el Reglamento 69/2017, con todos los trámites exigidos y garantistas.
En su valoración, José Luis Moreno, concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, restó importancia a la cantidad de alegaciones recibidas (1.045) y afirmó que “no se trata de una cuestión de peso ni de cantidad” ya que, según sus cálculos, no llegan a alcanzar el 0,1 % de la población de la ciudad, que supera los 840.000 habitantes. Moreno insistió en que la propuesta aporta fundamentos jurídicos claros, un informe particular y que no pretende ir en contra de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ni del Reglamento del Uso del Valenciano en la ciudad.
Asimismo, el concejal destacó que la #AVL emite informes que, en su caso, pueden revisarse, citando como precedente el caso Énova, donde se modificó el acento para ajustarlo a la pronunciación histórica de los hablantes de la zona.
En ese sentido, añadió que “respetamos su tarea” y que el objetivo es adaptar la #toponimia a la realidad lingüística y cultural de Valencia.
En contraposición, la representante del Grupo Socialista, Maite Ibáñez, subrayó que la modificación de la denominación “solo obedece a cuestiones políticas y partidistas” y que dicha decisión carece de rigor y del debido respeto a la AVL, el órgano competente para fijar la toponimia y la onomástica.
Ibáñez también señaló las más de 1.000 alegaciones presentadas, advirtiendo de que el expediente incumple el reglamento vigente del Ayuntamiento y que podría suponer un retroceso para la ciudad.
Explicó que ya es la sexta vez que se aborda el tema sin resolverlo y recordó que la AVL es el único órgano estatutario competente para fijar la toponimia
Por su parte, el concejal de Compromís, Pere Fuset, explicó que ya es la sexta vez que se aborda el tema sin resolverlo y recordó que la AVL es el único órgano estatutario competente para fijar la toponimia.
Según Fuset, este debate actúa como una cortina de humo para no abordar problemas reales de Valencia, como el estado del transporte público o los precios de la vivienda.
Acusó a Vox y a otros sectores de sectarismo por apoyar la propuesta.
Presuntamente, si la medida se materializa, podría implicar costes administrativos relacionados con la actualización de señalización, documentación y materiales informativos.
Las estimaciones preliminares no se han hecho públicas y, de momento, se han señalado como posibles impactos, que algunos agentes describen como de “decenas de miles” de euros, aunque la cifra exacta no ha sido facilitada por el gobierno municipal.
En el marco de este debate, conviene recordar que la cuestión de la toponimia en la Comunitat Valenciana ha generado debates históricos y que la AVL, dependiente de la normativa lingüística, mantiene un papel clave en la evaluación de las propuestas de cambio de nombre oficial.
Este caso añade una nueva página a una historia reciente en la que, en distintas ciudades, se han planteado ajustes para conciliar la identidad local con la normativa regional, en un contexto de tensiones políticas y de defensa de la lengua.
Con todo, la próxima etapa corresponde a la Generalitat: resolver y, en su caso, aprobar el nombramiento oficial de València y #Valencia como doble denominación, permitiendo que la ciudad se presente ante el resto de la Comunitat con un topónimo que refleje tanto su vocación histórica como su proyección contemporánea.
Supuestamente, ese pronunciamiento podría sentar precedente para otros municipios de la región que valoran la convivencia entre la realidad lingüística y la normativa administrativa, aunque habrá que esperar a que se pronuncie la AVL y se complete el proceso reglamentario.