La gobernadora Hochul otorga 11 indultos y 2 conmutaciones tras reformas para hacer el proceso más transparente y eficaz, con un enfoque renovado en la reinserción social de los beneficiarios.
Esta decisión llega luego de una serie de reformas diseñadas para que el proceso sea más eficaz, justo y claro para víctimas, solicitantes y comunidades.
El propio Ejecutivo insiste en que estas medidas fortalecen la transparencia y la equidad del programa, y que se mantendrá un esfuerzo constante para que las resoluciones lleguen de forma responsable y bien fundamentada.
Entre las mejoras destacan cambios en la forma de gestionar las solicitudes: la Oficina de Clemencia implementó una #política de comunicaciones más regular, con envíos de cartas periódicas a las personas que tramitan #clemencia para mantenerles informados del estado de sus casos y de la manera de aportar información suplementaria que pueda apoyar sus expedientes.
Además, se lanzó un portal en línea con plantillas y guías para orientar a los aspirantes sobre los elementos que conviene incluir en sus solicitudes.
Otra pieza clave de la reforma es la creación de un Panel Asesor de Clemencia, integrado por expertos independientes, encargado de asesorar al Gobernador sobre las solicitudes y de participar, según las recomendaciones, en la definición de criterios y procedimientos.
Según declaraciones oficiales, Hochul está tomando estas medidas para que el proceso sea más transparente, más justo y más eficiente.
La lista de beneficiarios de indulto hoy incluye a varias personas que, según las autoridades, han mantenido un historial sin delitos durante décadas y han hecho contribuciones positivas a sus comunidades.
Entre los indultados figura Peter Asan, de 60 años, quien fue condenado por intento de robo en primer grado en 1989; Rolando Perdomo, de 67, condenado por asalto en 1988 y por posesión de sustancias controladas en 1985; Vivian Jackson, de 67, condenada entre 1992 y 1999 por ventas y posesiones de sustancias controladas en varios grados; Dolly Castrillon, de 45, condenada por intento de venta de sustancias controladas en tercer grado en 1996; Jawid Naim, de 48, condenado por robo en segundo grado en 1995; Michael Elias, de 54, condenado por posesión de sustancias controladas en cuarto grado y por posesión de armas en tercer grado en 1988; Sixto Carrasquillo Jr., de 56, condenado por posesión de arma en tercer grado en 1988; Edwin Buxo, de 57, condenado por tentativa de posesión de sustancias controladas en tercer grado en 1997; Denise De Simone Fierro, de 60, condenada por dos cargos de venta de sustancias controladas en quinto grado en 1987; Dr.
Eduardo Rocha, de 57, condenado por posesión de sustancias controladas en segundo grado en 1986; y Ruben Lindo, de 53, condenado por gran hurto en cuarto grado en 2012 y 2007.
En la segunda modalidad de clemencia
En la segunda modalidad de clemencia, las conmutaciones, se otorgó alivio a Terrance Cole, de 59 años, condenado por cuatro cargos de allanamiento en segundo grado en 2014.
Cole es veterano de la Fuerza Aérea de EE. UU. y ha luchado contra un trastorno por uso de heroína. A lo largo de su tiempo en prisión ha buscado formación y obtuvo un título universitario asociado. Originalmente, su condena lo obligaba a esperar para la posibilidad de libertad condicional hasta 2034, cuando tendría casi 70 años; la conmutación busca abrir una oportunidad más temprana para presentar su caso ante la Junta de Libertad Condicional.
La otra persona beneficiada con conmutación es Raphael Jackson, de 53 años, condenado por dos cargos de posesión de armas en segundo grado y sentenciado a 16 años de prisión como delincuente reincidente.
En su historia personal, se describe que fue víctima de violencia doméstica y exposición a las drogas desde joven; con el paso de los años se transformó y acumula más de una década sin faltas disciplinarias en prisión.
También se convirtió en una figura de apoyo dentro del sistema penitenciario y, según la narrativa oficial, habría contribuido al entorno legal y a la comunidad penitenciaria como asistente legal de un bibliotecario de la cárcel.
Su condena de origen contaba con la posibilidad de revisión alrededor de 2031, pero la conmutación permitiría una revisión más cercana para evaluar su elegibilidad para la libertad condicional.
Las autoridades subrayan que estas decisiones se enmarcan en un esfuerzo por hacer el sistema más justo, eficiente y humano, con mayor claridad en cada paso del proceso y una mayor participación de expertos y de la comunidad afectada.
En su nota final, la Gobernadora sostuvo su compromiso con la cooperación entre la policía, los grupos de derechos de las víctimas, los fiscales y los defensores de reformas, para asegurar que un eventual alivio sea responsable y que ayude a la #reinserción exitosa de quienes han cumplido gran parte de su condena.