El gobierno federal de Canadá ha anunciado una nueva lista de más de 30 productos químicos y grupos de sustancias que son de uso cotidiano para los canadienses.

Esta iniciativa se enmarca dentro de un conjunto de medidas que buscan actualizar la legislación ambiental del país, específicamente la Ley de Protección Ambiental de Canadá (CEPA).

La CEPA, que ha estado vigente durante décadas, fue modificada en 2023 por el Parlamento canadiense.

Esta ley otorga al gobierno federal amplias facultades para abordar la contaminación del aire, el agua y el suelo en el país.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el aumento en el número de productos químicos en el mercado ha generado la necesidad de reforma.

Según el Ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático, Steven Guilbeault, en 1999, cuando la CEPA fue introducida, solo unas 23,000 sustancias químicas estaban reguladas.

En contraste, hoy se producen hasta 10 millones de nuevos compuestos químicos cada año.

Entre los productos químicos que el gobierno ha incluido en su lista de prioridades se encuentran el estireno, utilizado en la fabricación de diversos productos plásticos, y el octocrileno, presente en algunos protectores solares.

Estos compuestos han suscitado preocupaciones debido a sus posibles impactos en la salud humana.

Además, se ha hecho hincapié en que la lista prioriza químicos que afectan a comunidades y empleos que son desproporcionadamente impactados por la contaminación.

Por ejemplo, un retardante de llama usado frecuentemente por los bomberos forma parte de este grupo.

Guilbeault explicó que los científicos investigarán ciertos compuestos en los retardantes de llama que pueden aumentar el riesgo para la salud humana, una solicitud que ha sido constante por parte de los cuerpos de bomberos.

Otro compuesto mencionado en la lista son los ácidos naftenicos, que están asociados con las operaciones de arena bituminosa en el noreste de Alberta.

Estos ácidos son parte de los desechos generados en las operaciones de extracción de arenas bituminosas y se encuentran en estanques de residuos que recogen agua, arena y otros hidrocarburos.

Es importante destacar que incluir estas sustancias en la lista prioritaria no implica que sean inherentemente dañinas para la salud de los canadienses; más bien, subraya la intención del gobierno de determinar si estas sustancias son tóxicas.

Si se confirma que representan un riesgo para la salud, el gobierno tiene la capacidad a través de la CEPA de regular o incluso prohibir su uso.

Las organizaciones ambientalistas han instado al gobierno a que avance desde la propuesta de legislación hacia la implementación efectiva de regulaciones que garanticen la seguridad de los canadienses.

Grupos como Ecojustice han expresado su preocupación de que las mejoras legislativas puedan verse socavadas por demoras en la ejecución.

Sin regulaciones efectivas, afirman, es probable que las sustancias que representan los mayores riesgos para la salud humana no sean prohibidas.

La expansión de la lista de productos químicos prioritarios refleja la creciente atención que se presta a la salud ambiental y la necesidad de ajustar la legislación a las condiciones actuales del mercado químico.

Dado el cambio acelerado en las industrias y la ciencia, los gobiernos deben ser proactivos para proteger a sus ciudadanos de los posibles peligros que plantean estas sustancias.