El Ayuntamiento de Santander anuncia la adjudicación de importantes proyectos de vivienda protegida y la creación de un registro para controlar las ocupaciones irregulares, reafirmando su compromiso con una política de vivienda transparente y efectiva.
El Ayuntamiento de Santander ha dado un paso fundamental en su estrategia para mejorar la oferta de viviendas asequibles en la ciudad. Recientemente, se ha aprobado la adjudicación de la construcción de varios edificios destinados a viviendas de protección oficial (VPO) en el Sector 1 del barrio El Alisal, una de las zonas con mayor demanda de vivienda social en la región.
Estas nuevas promociones buscan incrementar significativamente la disponibilidad de viviendas a precios accesibles para familias con bajos ingresos, en línea con la histórica política de la ciudad en materia de desarrollo social y urbanístico.
En detalle, el Consejo de la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS) aprobó la adjudicación de las obras de dos edificios, denominados Edificio 5 y Edificio 6, ambos en el Sector 1.
El Edificio 5, que comprende 40 viviendas en venta con una inversión aproximada de 6 millones de euros (unos 6,8 millones de euros en moneda local), será ejecutado por la empresa Rotedama en un plazo de 20 meses.
Por otro lado, el Edificio 6, con 32 viviendas en venta, será construido por la unión temporal de empresas Cuevas-Urbhaus-Cycasa, con una inversión cercana a los 6,9 millones de euros (unos 7,4 millones de euros en moneda local).
Ambos edificios contarán con una calificación energética de máxima eficiencia, promoviendo un modelo de construcción sostenible y responsable con el medio ambiente.
Las viviendas, de 2 y 3 dormitorios, incluirán salón, cocina, cuarto de baño y aseo, además de una plaza de garaje y un trastero vinculado, buscando cubrir las necesidades básicas de las familias.
La prioridad del Ayuntamiento es agilizar los procesos administrativos y comenzar las obras lo antes posible para que estas viviendas estén disponibles en el menor tiempo.
En la misma línea, recientemente se adjudicaron otros proyectos similares: los edificios 3 y 4, con 52 viviendas de alquiler con opción a compra en cada uno, por un valor total de aproximadamente 19 millones de euros (unos 20 millones de euros en moneda local), con el objetivo de ampliar la oferta de vivienda en alquiler social.
Además, ya está en marcha la licitación para la construcción del Edificio 2, que contempla 53 viviendas de VPO en alquiler con opción a compra, con un presupuesto cercano a los 10 millones de euros (unos 10,7 millones de euros en moneda local).
La intención del gobierno local es no solo promover la construcción de nuevas viviendas, sino también facilitar el acceso a ellas a través de condiciones favorables para los futuros propietarios o inquilinos.
El alcalde Navarro ha destacado el compromiso del Ayuntamiento con la vivienda protegida, resaltando que en los últimos años se han construido más de 1.200 VPO en la ciudad. Además, ha recordado que Santander alberga el mayor parque de vivienda social en alquiler en toda Cantabria, una iniciativa que ha sido fundamental para mejorar las condiciones de vida de muchas familias.
Por otro lado, en el marco de estas acciones, se ha anunciado la creación de un registro de viviendas ocupadas en situación irregular, una iniciativa que busca mejorar el control y gestión del parque inmobiliario local.
Este registro, que entrará en funcionamiento a partir del próximo lunes 5 de mayo, permitirá recopilar información actualizada sobre las viviendas ocupadas de forma ilegal en el municipio, incluyendo aquellas pertenecientes a particulares, entidades financieras, fondos de inversión o administraciones públicas.
El sistema se podrá consultar mediante un teléfono de contacto y un correo electrónico específicos, facilitando así la colaboración de los propietarios y la administración local.
El objetivo es disponer de un mapa actualizado de las ocupaciones ilegales, con datos aportados voluntariamente por los propietarios, lo que permitirá al Ayuntamiento evaluar el impacto social, económico y de seguridad que estas situaciones generan.
La creación de este registro constituye un paso más en la política municipal de vivienda, que busca ser transparente, eficaz y valiente en la gestión de los recursos y en la lucha contra la ocupación ilegal.
En resumen, Santander continúa reforzando su compromiso con la vivienda social y la gestión eficiente del mercado inmobiliario, promoviendo proyectos de construcción que respondan a las necesidades reales de su población y estableciendo mecanismos para afrontar los desafíos que plantea la ocupación ilegal, en línea con las políticas de otras ciudades europeas que enfrentan problemáticas similares desde hace décadas.
Todo ello, en un contexto donde la demanda de viviendas asequibles sigue en aumento, especialmente tras los efectos económicos provocados por la pandemia y la crisis económica global.
