La Federación Española de Municipios y Provincias solicita al Gobierno cambios normativos que permitan a los ayuntamientos acceder a mayores recursos para inversión y políticas de vivienda, incluyendo la actualización de entregas a cuenta y flexibilización del uso de superávits.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha dado un paso decisivo en su lucha por fortalecer la autonomía financiera de los ayuntamientos al solicitar al Gobierno una serie de cambios normativos que permitan una gestión más eficiente y adaptada a las necesidades actuales.
En la reunión de la Junta de Gobierno, celebrada hoy, la alcaldesa de Santander y vicepresidenta de la FEMP, Gema Igual, junto con otros representantes municipales, acordaron por unanimidad exigir un Real Decreto que actualice las entregas a cuenta de los recursos tributarios del Estado a los municipios, estableciendo que estas queden referenciadas a 2025.
Este mecanismo pretende solucionar un problema histórico: las entregas a cuenta, que representan un porcentaje de los tributos del Estado transferidos a los ayuntamientos, permanecen congeladas desde 2023.
La falta de actualización provoca un déficit de aproximadamente 5.1 millones de euros en comparación con las cifras previstas en los presupuestos municipales, lo que limita la capacidad de inversión en servicios esenciales y en proyectos de vivienda.
La necesidad de una actualización rápida y efectiva ha sido respaldada por todos los miembros de la Junta, que ven en esta medida una respuesta inmediata a la situación de alerta financiera que enfrentan muchas entidades locales.
Gema Igual recordó que los ayuntamientos, como el de Santander, han elaborado sus presupuestos basándose en las cifras anunciadas por el Ministerio de Hacienda en julio del año pasado, pero la suspensión de las entregas a cuenta ha generado un desfase importante en la planificación económica.
La fórmula propuesta en el Real Decreto permitiría acelerar la gestión, sin tener que esperar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, y facilitaría también el uso de remanentes municipales para financiar inversiones sostenibles.
Además, la alcaldesa destacó la importancia de que los municipios puedan destinar sus superávits a inversiones financieramente sostenibles, una medida que facilitaría el impulso de proyectos de vivienda y otras políticas sociales.
En este sentido, defendió que se permita a las administraciones locales ejecutar políticas de vivienda durante hasta cuatro años sin que estas operaciones afecten a la regla de gasto, lo que facilitaría el diseño de estrategias a largo plazo y más eficaces.
El impulso a la vivienda pública no es solo una prioridad para Santander, sino para todo el ámbito municipal, que ha visto en la crisis habitacional una de las mayores preocupaciones sociales.
La actual legislación impone restricciones al uso de remanentes y superávits, dificultando la inversión en vivienda social y en la creación de nuevas viviendas públicas, por lo que estas propuestas buscan revertir esa situación.
Durante la reunión, también se abordaron otros temas importantes para la federación, como el fortalecimiento de la colaboración con Protección Civil en la planificación del nuevo Mecanismo Nacional de Respuesta ante emergencias.
Además, se anunció la celebración de actividades con motivo del 45º aniversario de la FEMP, que incluirán jornadas, exposiciones culturales, concursos y foros sobre financiación local y el papel de Europa en el ámbito municipal.
Por otro lado, la Junta de Gobierno aprobó una Declaración Institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, en la que los gobiernos locales reafirmaron su compromiso con la igualdad, el respeto y la diversidad, considerándola un valor esencial para la convivencia democrática.
Asimismo, se ratificaron tres nuevos convenios de colaboración con entidades relacionadas con protección civil y universidades, enfocados en mejorar la formación, la respuesta ante emergencias y el conocimiento aplicado en los municipios.
Finalmente, Gema Igual participó en la presentación de un acuerdo marco para el suministro de vehículos eléctricos en régimen de renting, una iniciativa que busca facilitar a los ayuntamientos la transición ecológica.
Este acuerdo, adjudicado a BBVA Autorenting y operado por Ayvens, permitirá la adquisición de vehículos eléctricos sin necesidad de licitaciones adicionales, mediante un contrato de un año, prorrogable.
La iniciativa representa un paso más en el compromiso de las entidades locales con la sostenibilidad, la reducción de emisiones y la lucha contra el cambio climático, en línea con los objetivos de la Unión Europea en materia de transición ecológica.
