En la 51ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se acordó la armonización de leyes para fortalecer la seguridad en todas las entidades del país, con un impacto que podría traducirse en beneficios para la ciudadanía.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien preside el consejo, expresó su agradecimiento a los gobernadores y gobernadoras de las 32 entidades federativas por su trabajo coordinado en este ámbito.
Este encuentro, que marcó el 51º aniversario del organismo, significó la aprobación de importantes acuerdos que buscan la armonización de las leyes en materia de seguridad y búsqueda de personas.
Supuestamente, estos avances legislativos pretenden aterrizar una estrategia integral que incremente la eficacia en la atención a las causas del delito, mejore la inteligencia y la investigación, y fortalezca las #policías estatales y municipales.
La meta es que, para 2029, el número de agentes policiales en cada estado aumente sustancialmente, mejorando la capacitación y la infraestructura, como centros de comando y control.
La inversión en estos aspectos se estima en unos 2.200 millones de euros, según fuentes presuntamente cercanas al gobierno.
Durante la sesión, también se aprobaron dos grandes acuerdos con cinco ejes de trabajo y 22 acciones específicas. Entre ellas, destaca la homologación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que permitirá, supuestamente, perseguir de oficio delitos como la extorsión, un problema que ha afectado históricamente a muchas comunidades mexicanas.
Supuestamente, con estas reformas, se busca que la extorsión y otros delitos del fuero común puedan ser investigados y sancionados sin necesidad de denuncia previa, una medida que podría reducir la impunidad.
Además, se pretende crear una Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas en cada estado, con el fin de agilizar las investigaciones y localizar a las víctimas de manera más efectiva.
Resaltó que el 96% de los delitos en #México corresponden al fuero común
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, resaltó que el 96% de los delitos en México corresponden al fuero común, por lo que fortalecer las policías locales es fundamental.
Supuestamente, las nuevas leyes también contemplan el establecimiento de estándares para servicios periciales forenses, con el objetivo de reducir el rezago en las bases de datos genéticas y mejorar la precisión en las investigaciones.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, enfatizó la importancia de coordinarse con los estados en la implementación de estos cambios.
Supuestamente, su prioridad es brindar apoyo a las familias de las víctimas y garantizar que las reformas se apliquen de manera efectiva en todo el territorio.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, propuso un plan de actividades para resolver las infracciones diarias en las comunidades, con un presupuesto estimado en unos 1.800 millones de euros. La finalidad es reducir la incidencia delictiva y mejorar la percepción de seguridad entre la población.
En conclusión, estos acuerdos representan un paso importante en la transformación social y legal de México, con la intención de crear un entorno más seguro para todos sus habitantes.
Aunque algunos análisis sugieren que aún queda mucho por hacer, la voluntad política manifestada en esta sesión indica un compromiso firme por avanzar en la materia.
