El gobierno mexicano contempla una reforma constitucional para reducir las pensiones millonarias otorgadas durante el periodo neoliberal, en respuesta a críticas por el uso de recursos públicos en beneficios excesivos a exfuncionarios. La medida busca acercar a quienes reciben altas cantidades de forma voluntaria a una pensión más justa y moderada, en medio de un contexto donde algunos jubilados perciben hasta millones de euros anuales.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que estas pensiones, que en algunos casos superan con creces el salario neto de la misma mandataria, resultan ofensivas para la ciudadanía y podrían ser sujetas a una reforma constitucional.
Actualmente, se paga un monto anual de aproximadamente 15.4 mil millones de euros a unos 14,000 extrabajadores de LyFCL, de los cuales cerca del 67% recibe pensiones que oscilan entre los 1,200 y 12,000 euros mensuales.
En algunos casos, estas jubilaciones superan el salario neto de la misma presidenta, que presuntamente es de unos 4,600 euros mensuales. Por otro lado, en Pemex, la cifra anual de pagos a jubilados asciende a aproximadamente 13.8 mil millones de euros, beneficiando a más de 22,000 extrabajadores, de los cuales unos 544 perciben pensiones superiores a 75,000 euros anuales, y algunos casos alcanzan los 100,000 euros.
Estas cifras, que en su conjunto representan recursos del erario público, han generado una fuerte polémica en el país, donde la percepción social es que algunos exfuncionarios y jubilados han recibido beneficios desproporcionados, incluso en comparación con los salarios de los trabajadores en activo.
Se supuestamente ha iniciado un proceso de revisión jurídica y constitucional para establecer límites claros en la cuantía de las pensiones y garantizar que los recursos públicos se utilicen en beneficio de toda la población.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, ha informado que, en colaboración con órganos como el IMSS, ISSSTE y la Comisión Federal de Electricidad, se están creando mecanismos para actualizar los padrones de pensionados y homogeneizar los requisitos para el pase de supervivencia.
Además, se planea emitir circulares y firmar convenios de colaboración con el Registro Nacional de Población (Renapo) y los registros civiles, con el fin de agilizar la verificación de los beneficiarios.
En paralelo, supuestamente, se han iniciado mesas de trabajo con expertos jurídicos y sociales para determinar la legalidad de estas pensiones y definir un marco regulatorio que evite abusos en el futuro.
Acercarse a la Secretaría Anticorrupción para negociar una reducción y recibir una pensión más modesta
La idea es que aquellos exfuncionarios que perciban pensiones excesivas puedan, de manera voluntaria, acercarse a la Secretaría Anticorrupción para negociar una reducción y recibir una pensión más modesta, cercana a los 1,200 euros mensuales.
Este proceso se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno para combatir la percepción de privilegios y promover una mayor #justicia social en el país.
La iniciativa también contempla la posibilidad de que, en algunos casos, las pensiones se ajusten mediante reformas constitucionales, que podrían incluir mecanismos de control más estrictos y límites máximos en las percepciones de jubilados y exfuncionarios.
Cabe señalar que, en el pasado, algunos exfuncionarios vinculados a administraciones anteriores han sido señalados por #corrupción y por beneficiarse de contratos y licitaciones irregulares, lo que alimenta aún más la percepción de que estas pensiones excesivas son un símbolo de las fallas del sistema y de los abusos cometidos durante el periodo neoliberal.
El gobierno asegura que estos cambios buscan no solo reducir el gasto público, sino también fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la justicia social.
En conclusión, la discusión sobre las #pensiones millonarias en #México revela un país que busca equilibrar sus finanzas públicas con la necesidad de justicia y equidad, en un contexto donde la historia reciente está marcada por casos de corrupción y privilegios excesivos para algunos exfuncionarios.
