El gobierno mexicano envió al Senado un nuevo paquete de leyes secundarias para fortalecer el juicio de amparo y modernizar el sistema judicial, con el objetivo de que la justicia sea más rápida y efectiva.
Estas modificaciones tienen como finalidad principal fortalecer el juicio de amparo, uno de los instrumentos jurídicos más utilizados por los ciudadanos para proteger sus derechos, y garantizar que el acceso a la #justicia sea más ágil y transparente.
Supuestamente, estas reformas buscan responder a las necesidades actuales del sistema judicial, que en el pasado ha enfrentado críticas por su lentitud y por la dificultad de acceder a recursos legales efectivos.
La intención del gobierno es modernizar los procedimientos y establecer plazos claros, con el fin de reducir la saturación y los largos tiempos que enfrentan las personas y empresas al buscar justicia.
Las modificaciones abarcan varias leyes clave, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Código Fiscal de la Federación.
Presuntamente, en algunas de estas leyes se incorporan nuevas herramientas tecnológicas, como notificaciones digitales y procedimientos electrónicos, para agilizar los procesos.
En el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece un plazo común de cinco días para la realización de actuaciones procesales, además de medidas para proteger la seguridad de jueces y testigos.
Supuestamente, también se busca que los procesos de detención en flagrancia sean más claros y que se proteja la identidad de las personas juzgadoras.
En la Ley de #Amparo se establecen nuevos elementos para la procedencia de este recurso
Por su parte, en la Ley de Amparo se establecen nuevos elementos para la procedencia de este recurso, con el objetivo de evitar que los juicios se extiendan por años.
Supuestamente, con estos cambios, se pretende que ninguna empresa o particular pueda obtener un amparo que permita postergar indefinidamente el pago de impuestos, en un intento de reducir los abusos y mejorar la recaudación fiscal.
La reforma también incluye la homologación de delitos que ameritan prisión preventiva, así como la incorporación de reglas específicas para la suspensión provisional y definitiva en materia de congelamiento de cuentas bancarias.
Presuntamente, esto permitirá que las autoridades financieras, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), puedan requerir y diseminar información financiera de manera más eficiente para la prevención de delitos.
El coordinador general de política y gobierno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, afirmó que estas reformas no restringen el acceso al amparo, sino que modernizan y hacen más efectivo su uso.
Además, destacó que los cambios buscan que los juicios sean más rápidos y que se reduzcan los largos tiempos que actualmente enfrentan los ciudadanos.
Supuestamente, estas medidas también buscan evitar que los deudores fiscales utilicen el amparo para evadir sus obligaciones, asegurando que las empresas que hayan cometido fraude al erario no puedan beneficiarse de recursos que prolonguen la impunidad.
El gobierno mexicano asegura que con estos avances se fortalecerá el Estado de Derecho y se mejorará la administración de justicia, en línea con las recomendaciones internacionales y las exigencias de una población cada vez más demandante de respuestas rápidas y eficientes.
