El gobierno mexicano iniciará acciones legales contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por apropiarse de aproximadamente 700,000 metros cúbicos de agua sin permisos en su propiedad, donde se construyeron infraestructura hidráulica ilegal.
El Gobierno de México anunciará oficialmente la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el uso no autorizado de unos 700,000 metros cúbicos de agua en una propiedad del exgobernador de Chihuahua, César Duarte.
La acción forma parte de un esfuerzo mayor del gobierno para proteger los recursos hídricos del país y asegurar que el agua, un recurso vital para todos los mexicanos, no sea apropiada de manera ilegal.
La Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) iniciaron un proceso para recuperar esta gran cantidad de agua, que fue extraída sin los permisos correspondientes y utilizada para la construcción de una presa, cuatro represas y un pozo en la propiedad de Duarte.
Estas infraestructuras, levantadas en una propiedad privada, violan las normativas nacionales e internacionales que regulan el uso del recurso hídrico, especialmente en un contexto de creciente escasez de agua en varias regiones del país.
Este caso no es aislado; en 1994, México y Estados Unidos firmaron un acuerdo para la gestión compartida de las cuencas transfronterizas del Río Bravo y el Río Grande, que busca garantizar un uso equitativo y sostenible del agua.
La apropiación ilegal de recursos en propiedad privada, como en el caso de Duarte, vulnera estos compromisos y pone en riesgo la seguridad hídrica de millones de habitantes.
Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que 'no se permitirá la apropiación privada de un recurso que pertenece a toda la nación'.
Aseguró que la denuncia busca sancionar a quienes, sin autorización, extraen y utilizan agua en detrimento de la población y del ecosistema. Además, destacó que esta acción forma parte de un proceso más amplio de regularización y ordenamiento de concesiones de agua en todo el país.
El proceso legal también incluye la revisión exhaustiva de las concesiones existentes para evitar que recursos públicos sean utilizados de manera irregular.
La Conagua ha estado revisando detalladamente cada concesión, verificando su uso real y obligando a los titulares a regularizar su situación, con el objetivo de que el acceso al agua sea un derecho humano garantizado para todos.
En paralelo, el Plan Nacional Hídrico contempla 17 proyectos estratégicos para mejorar la infraestructura del país y fortalecer la gestión del agua.
De estos, dos están en marcha, tres en proceso de licitación y otros tres serán licitados en próximas semanas. Entre las obras principales se encuentran obras de protección contra inundaciones, sistemas de distribución y obras de tecnificación en distritos de riego.
El director general de Conagua, Efraín Morales López, informó que en 2025 se destinan aproximadamente 15,7 mil millones de pesos (unos 720 millones de euros) a estos proyectos, buscando garantizar el suministro de agua potable y saneamiento en diferentes regiones.
Además, se están realizando esfuerzos para la tecnificación de 17 distritos de riego, con una inversión de más de 7 mil millones de pesos (unos 320 millones de euros), en lugares como Aguascalientes, Chihuahua, Morelos, Durango y Coahuila.
Este esfuerzo se suma a las acciones judiciales y administrativas para garantizar la protección del recurso hídrico y sancionar a quienes lo utilizan sin autorización.
La justicia mexicana continúa trabajando en casos como el de César Duarte, quien, en su gestión, promovió obras que hoy son objeto de investigación por su ilegalidad.
La recuperación de estos recursos y la regulación de concesiones son pasos fundamentales para asegurar la sustentabilidad del agua en México. La iniciativa del gobierno refleja su compromiso con el cumplimiento de las leyes y la protección del patrimonio natural del país, en un momento en que la disponibilidad de agua se vuelve cada vez más crítica para el desarrollo social y económico.
En conclusión, el gobierno mexicano reafirma su intención de actuar con firmeza contra cualquier práctica que ponga en riesgo los recursos hídricos y continúa trabajando para garantizar que el agua sea un derecho para toda la población, promoviendo una gestión transparente y sustentable de los recursos naturales.
