La Comunidad de Madrid ha tomado una decisión significativa en su lucha por aumentar la oferta de viviendas de protección pública.

En una reciente reunión, el Consejo de Gobierno aprobó la movilización de 15 millones de euros para incentivar la compra de suelo finalista, el cual es clave para la construcción de hasta 8.000 viviendas de carácter social.

Esta inyección financiera será canalizada a través de un convenio con Avalmadrid SGR (Sociedad de Garantía Recíproca), que se encargará de otorgar avales a las empresas constructoras y cooperativas que se acojan a esta iniciativa.

El acuerdo, que se formaliza ahora, establece que la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo aportará un total de 5 millones de euros anuales durante los ejercicios 2024, 2025 y 2026. Estos fondos tendrán como objetivo cubrir, hasta su amortización, los posibles impagos que deriven de los riesgos de crédito en proyectos relacionados con la construcción de viviendas de protección oficial.

Con este mecanismo, se estima que se podrá movilizar una inversión inmobiliaria que asciende hasta aproximadamente 700 millones de euros, lo que representa una oportunidad considerable para los desarrolladores y constructores locales.

Sin embargo, es importante destacar que estos avales solo estarán disponibles para proyectos enfocados en la edificación de viviendas de protección pública, asegurando así que los beneficios se destinen a quienes más lo necesitan.

Avalmadrid llevará a cabo un seguimiento exhaustivo de las operaciones que se realicen bajo este convenio.

Mensualmente, la entidad deberá enviar al Gobierno madrileño informes detallados sobre las operaciones formalizadas, las que hayan culminado en amortizaciones y, en el caso de proyectos fallidos, las condiciones de los pagos y cualquier recuperación eventual.

Este mecanismo de seguimiento es crucial para garantizar la transparencia y efectividad del uso de los fondos públicos.

El convenio comenzará a aplicarse desde la fecha de su firma y abarcará todas las actuaciones ejecutadas entre el 1 de diciembre de 2024 y el 1 de diciembre de 2027. Además, se contempla la posibilidad de una prórroga bienal, que podría extenderse a otros dos años adicionales si se justifica la necesidad.

La iniciativa se enmarca dentro de una serie de esfuerzos por parte del Gobierno regional para enfrentar la crisis de vivienda que afecta a numerosas familias en la Comunidad de Madrid.

A pesar de que la construcción de viviendas ha aumentado en los últimos años, aún existen déficits significativos en cuanto a la oferta de viviendas asequibles.

Este tipo de medidas no solo buscan aumentar el número de viviendas disponibles, sino también proporcionar acceso a sectores de la población que enfrentan dificultades para acceder a una vivienda digna a precios razonables.

La historia de la vivienda en Madrid ha estado marcada por ciclos de escasez y auge, y esta acción se presenta como un paso positivo hacia una mayor equidad en el acceso a la vivienda.