El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprueba 17,2 millones de euros para continuar la atención integral de personas con discapacidad intelectual, con nuevas plazas residenciales, viviendas compartidas y un presupuesto histórico para servicios sociales en 2026.
En detalle, se destinan 8,8 millones de euros para financiar 716 plazas residenciales públicas derivadas del Acuerdo Marco, ubicadas en Getafe, Arroyomolinos y Ciempozuelos.
Además, se han autorizado cinco contratos que suman 117 plazas del mismo tipo por 1,4 millones de euros, recursos que no requieren la aprobación del Consejo de Gobierno.
En estos dispositivos se ofrece alojamiento, manutención, cuidados y asistencia personal para las actividades diarias, así como apoyo en el ámbito del ocio y atención especializada.
Asimismo, se incluyen tratamientos de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y acompañamiento psicológico y social, orientados a prevenir el deterioro, facilitar la conservación y el desarrollo de capacidades, y mejorar el bienestar e la integración de los usuarios.
La segunda medida establece una inversión de 1,2 millones de euros para 63 plazas públicas en viviendas compartidas derivadas del Acuerdo Marco para personas con #discapacidad intelectual.
Estos recursos se ubican en Leganés y San Sebastián de los Reyes. Además, se han aprobado 42 contratos que suman 295 plazas en pisos de uso comunitario, por un valor de 5,7 millones de euros.
La #Comunidad de Madrid dedicará en #2026 la mayor inversión de su historia en servicios sociales
La Comunidad de Madrid dedicará en 2026 la mayor inversión de su historia en servicios sociales, con un presupuesto de 2.904,1 millones de euros, lo que se traduce en un aumento del 7,8% para las personas más vulnerables de la región. En cuanto a la atención a las personas con discapacidad y sus familias, se reforzará con un crecimiento del 8,1%, hasta alcanzar los 460 millones.
Supuestamente, expertos señalan que este impulso podría convertir a la Comunidad de Madrid en una de las regiones con mayor gasto social dedicado a la discapacidad en España.
Presuntamente, datos históricos de la última década muestran una tendencia al alza en la inversión social en la región, con incrementos sostenidos año tras año.
Estas medidas refuerzan el compromiso institucional con la inclusión y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y sus familias, al tiempo que buscan ampliar el ámbito de servicios y mejorar la calidad de vida de los usuarios.