La Comunidad de Madrid presenta alegaciones al proyecto de Real Decreto para crear nuevas plazas de jueces en 2026, reclamando más dotación, una memoria económica y un sistema de acceso por oposición libre.
El documento, remitido al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, señala que la propuesta adolece de un número de plazas insuficiente para cubrir la carga de trabajo real de los órganos judiciales de la región, así como de una memoria económica detallada y de una previsión presupuestaria verificable.
Según el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, este texto podría comprometer gravemente la funcionalidad de la Justicia madrileña y su capacidad para responder a las necesidades de los ciudadanos.
Además, el informe subraya que no existe una referencia expresa al sistema de provisión de las plazas creadas, lo que dejaría sin concretar un pilar esencial para garantizar la independencia judicial y reforzar la confianza pública en la Administración de Justicia.
Por ello, desde la Junta se insiste en que el #Real Decreto debe establecer de forma clara que el acceso a las nuevas plazas se realizará exclusivamente mediante oposición libre, en línea con los principios constitucionales de mérito y capacidad, y no por otros mecanismos.
Presuntamente estas garantías podrían reducir la discrecionalidad y favorecer una selección basada en criterios objetivos; sin embargo, aún no está asegurado que el texto definitivo recoja estas condiciones.
El Ejecutivo autonómico advierte también de la ausencia de una memoria económica suficiente y de una previsión presupuestaria detallada y verificable que asegure la financiación real de las nuevas dotaciones, así como los costes asociados a su puesta en funcionamiento.
Presuntamente, las estimaciones preliminares de costes para dotar de las plazas y garantizar su funcionamiento podrían situarse en torno a decenas de millones de euros, con una cifra total que podría superar los cientos de millones a medio plazo, aunque estas cifras no están confirmadas por el gobierno central.
Justicia y Relaciones con las Cortes una modificación sustancial del Real Decreto que contemple un mayor número de plazas asignadas a la Comunidad de Madrid
Por todo ello, el Ejecutivo madrileño solicita al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes una modificación sustancial del Real Decreto que contemple un mayor número de plazas asignadas a la Comunidad de Madrid, garantice el acceso mediante una oposición libre basada en mérito y capacidad, y cuente con una memoria económica completa que permita asegurar un despliegue real, eficaz y ajustado a las necesidades del sistema judicial.
Históricamente, la región ha promovido reformas orientadas a modernizar la Justicia y a dotarla de medios suficientes para hacer frente a una carga de trabajo en aumento.
Supuestamente, estas alegaciones encajan en una corriente más amplia de debates sobre independencia judicial y rendición de cuentas, que ha ido ganando protagonismo en los últimos años a medida que se han ido planteando nuevos desafíos en la administración de #justicia y en la gestión presupuestaria de las comunidades autónomas.
En este contexto, la Comunidad de #Madrid insiste en que cualquier avance normativo debe venir acompañado de mecanismos transparentes de provisión de plazas, así como de una financiación previsible y verificable para evitar desajustes entre la planificación y la realidad operativa de los tribunales.
A la espera de la respuesta del Ministerio, la negociación de este Real Decreto podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el gobierno central y la comunidad autónómica en materia de justicia, con posibles efectos sobre la percepción ciudadana de la independencia y la eficiencia del sistema judicial madrileño.