La presidenta Isabel Díaz Ayuso se reúne con la Plataforma de Afectados por la Ocupación y anuncia nuevas medidas para combatir este delito.
Esta cita refleja el firme compromiso del Ejecutivo madrileño en la lucha contra el delito de #ocupación ilegal, una problemática que ha crecido en los últimos años en diversas áreas de la capital y presenta serias implicaciones para los propietarios de inmuebles.
Desde la creación de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, se ha trabajado arduamente para mitigar la situación de aquellos arrendadores y propietarios que enfrentan la suspensión de procedimientos de desahucio.
Hasta la fecha, se han destinado más de 1,1 millones de euros en ayudas compensatorias para estos afectados. Este esfuerzo es parte de una estrategia más amplia para garantizar la seguridad y los derechos de los propietarios, al tiempo que se aborda la necesidad habitacional en la región.
El Gobierno regional ha implementado, desde 2022, el servicio 112 Ocupación, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.
Esta línea directa ha sido fundamental en la atención de las inquietudes de los ciudadanos enfrentados a situaciones de ocupación. Hasta enero de 2025, el servicio ha recibido un total de 3.770 llamadas, lo que demuestra el elevado interés y la preocupación que existe entre los ciudadanos en relación con este tema. Además, ha podido atender de manera efectiva a 211 madrileños, logrando en 40 ocasiones impedir la ocupación de #vivienda o proceder a su desalojo.
La ocupación de viviendas es un fenómeno que ha ido en aumento en los últimos años
La ocupación de viviendas es un fenómeno que ha ido en aumento en los últimos años, especialmente en áreas urbanas donde la demanda de vivienda supera la oferta.
Muchas de las propiedades afectadas pertenecen a particulares que, en su mayoría, están atravesando situaciones difíciles y buscan soluciones urgentes para recuperar sus inmuebles.
Por otro lado, la actividad ilegal de ocupación no solo afecta a los propietarios, sino que también puede generar tensiones sociales en las comunidades locales.
El compromiso del Ejecutivo autonómico es firme y se manifiesta en la planificación y ejecución de políticas que fomenten tanto la protección de los derechos de los propietarios como la atención a las necesidades de aquellas personas en situación de vulnerabilidad social, quienes a menudo son las que terminan involucradas en casos de ocupación ilegal.
A medida que avanza 2025, parece que la Comunidad de #Madrid continuará buscando soluciones que equilibren el derecho a la vivienda con la protección de los propietarios, buscando el desarrollo sostenible y la convivencia pacífica en los barrios.
