La Comunidad de Madrid ha abierto el plazo para acreditar a expertos facilitadores judiciales que presten apoyo a personas con discapacidad
En Madrid, la Comunidad de Madrid ha lanzado una convocatoria para acreditar a expertos facilitadores judiciales que brinden apoyo a personas con discapacidad.
El Boletín Oficial Regional - BOCM - ha publicado el acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que respalda la convocatoria para que colegios profesionales y entidades análogas envíen listados con los candidatos que cumplen los requisitos establecidos en el Decreto Autonómico 25/2024.
Esto marca un hito, ya que la Comunidad de Madrid se ha convertido en la primera en España en legalizar la figura del experto facilitador judicial que asistirá a personas con discapacidad en sus sedes judiciales.
Para ser considerados, los candidatos deberán ser licenciados o graduados en Psicología, Derecho, Logopedia, Criminología, Trabajo Social, Educación Social o Terapia Ocupacional.
Además, deberán completar una formación específica con cursos de al menos 100 horas en este campo. Este servicio será gratuito y formará parte del protocolo de peritos judiciales. También se capacitará a psicólogos y trabajadores sociales de la Red de Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delito (OAVD) para que brinden apoyo a personas con discapacidad en calidad de víctimas.
El plazo para presentar las candidaturas estará abierto durante 30 días hábiles, concluyendo el lunes 23 de septiembre. Los interesados deberán recopilar la documentación necesaria y enviarla a [email protected]. Esta iniciativa busca garantizar un acceso equitativo a la justicia para personas con discapacidad en la región.
Historia: La incorporación de expertos facilitadores judiciales es un avance significativo en la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el sistema judicial.
La figura del experto facilitador se ha visto como una medida clave para garantizar una mayor igualdad de condiciones en el acceso a la justicia y para asegurar que las necesidades específicas de las personas con discapacidad sean atendidas de manera adecuada en el proceso legal.
