La Comunidad de Madrid brinda capacitación a profesionales sanitarios y sociosanitarios sobre protocolo de protección de menores desde la Atención Primaria.
En la capital española, La Comunidad de Madrid ha organizado una formación dirigida a más de 200 profesionales sanitarios y sociosanitarios de los centros de salud con el objetivo de reforzar la protección de los menores desde la Atención Primaria.
El protocolo, que entró en funcionamiento en febrero, se ha presentado en un encuentro inaugurado por la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en el Hospital público Universitario Niño Jesús de Madrid.
En este evento se ha abordado de manera multidisciplinar la importancia de proteger a los menores desde todos los ámbitos implicados.
Entre los conferenciantes se encuentran jueces, juristas, expertos en Salud Pública, referentes en Pediatría Social, trabajadores sociales y profesionales del área de protección de la infancia de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
El objetivo principal de esta iniciativa es concienciar a los profesionales sanitarios sobre la detección y comunicación de casos de sospecha de violencia hacia la infancia y adolescencia desde el primer nivel asistencial.
El protocolo, elaborado por un grupo de profesionales de diferentes categorías de Atención Primaria y Hospitalaria, busca mejorar la detección temprana de posibles casos y agilizar la comunicación entre las administraciones involucradas.
El documento cuenta con indicadores actualizados que facilitan la notificación oficial de la sospecha de maltrato infantil en sus diversas manifestaciones.
Estas incluyen violencia física, emocional, sexual, negligencia en los cuidados, sumisión química, abuso de nuevas tecnologías, entre otros aspectos.
Se ha destacado que las experiencias de violencia en la infancia pueden generar trastornos del comportamiento, adicciones y problemas de salud mental que pueden perdurar en la etapa adulta.
Para cumplimentar los partes de notificación, se cuenta con la colaboración de trabajadores sociosanitarios de Atención Primaria, como médicos, enfermeros, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos y trabajadores sociales.
Se recalca que reportar las sospechas de maltrato constituye una obligación ética y legal para todos los profesionales de la salud involucrados.
En este sentido, se ha designado al trabajador social del centro de salud como coordinador de la atención en casos de sospecha de maltrato grave.
La Atención Primaria se consolida como un eslabón fundamental en la detección de situaciones de riesgo que pueden afectar el futuro de la población infantil.
Por lo tanto, es necesario sensibilizar y concienciar al personal sanitario sobre la importancia de este tema en su día a día.