El Consejo de Gobierno ha aprobado la personación de la Comunidad de Madrid en el procedimiento judicial iniciado por un conductor que causó un atropello con fallecimiento. Esta medida se ampara en la nueva Ley autonómica del Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció hoy su decisión de personarse en el procedimiento judicial abierto contra un conductor involucrado en un atropello que resultó en la muerte de una mujer.
Esta es la segunda vez que la Comunidad se presenta como acusación particular en un accidente de tráfico, en virtud de la nueva Ley autonómica del Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias, que entró en vigor en marzo pasado.
El trágico suceso tuvo lugar el 21 de julio en la Avenida de la Albufera, en Madrid. El conductor responsable huyó de la escena y la víctima falleció días más tarde debido a las graves lesiones sufridas, incluyendo traumatismo craneoencefálico.
La legislación actual permite a la Comunidad de Madrid acudir a los tribunales y personarse como acusación particular en casos donde la atención a los ciudadanos a través de servicios relacionados con seguridad, emergencias y protección civil se vea afectada por delitos penales.
Para ello, los servicios jurídicos de la región han emitido un informe favorable que autoriza a la Comunidad a ejercer acciones legales tanto penales como civiles derivadas de este delito.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Madrid será el encargado de llevar a cabo las diligencias previas del procedimiento. En el transcurso del mismo, se buscará la restitución de los costes incurridos por la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) en la prestación de sus servicios.
Con esta medida, la Comunidad de Madrid muestra su firme compromiso de velar por la seguridad y protección de sus ciudadanos, así como de garantizar una respuesta efectiva ante situaciones de emergencia y accidentes de tráfico.
Además, se reafirma la importancia de cumplir con la normativa vigente y de ejercer medidas legales en aquellos casos en los que se compromete el bienestar y la seguridad de la población.
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