La Comunidad de Madrid destina más de 5 millones de euros al servicio de asistencia jurídica gratuita, garantizando así el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva.
La Comunidad de Madrid ha anunciado un incremento significativo en su inversión destinada al servicio de asistencia jurídica gratuita, al destinar 5,2 millones de euros adicionales este año.
Este ajuste supone un aumento del 10,3% con respecto a los 50,4 millones de euros que se habían presupuestado inicialmente.
Esta decisión fue aprobada en la reunión más reciente del Consejo de Gobierno, donde se dieron a conocer dos aportaciones directas.
La primera subvención asciende a 4,4 millones de euros, destinada al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y al Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (ICAAH). La segunda subvención, por un total de 800.000 euros, se otorgará al Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM).
Este aumento en la financiación es un paso crucial para el cumplimiento del derecho fundamental de acceso a la justicia consagrado en la Constitución Española.
La norma garantiza que todos los ciudadanos, especialmente aquellos que carecen de recursos económicos suficientes, tengan acceso a la tutela judicial efectiva así como a la asistencia jurídica gratuita.
Durante el año 2023, un total de 85.884 personas hicieron uso de este servicio público, lo que representa un crecimiento del 4,4% en comparación con el año anterior.
Estos datos indican la creciente importancia de la asistencia jurídica en la sociedad actual, donde muchos se enfrentan a dificultades legales sin el apoyo financiero necesario.
El proceso de pago a los abogados que brindan su asistencia es gestionado a través del Consejo de Colegio de Abogados de la Comunidad de Madrid, que agrupa tanto a ICAM como a ICAAH. Por otro lado, los pagos relacionados con los procuradores se realizan mediante el Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España, que actúa como entidad colaboradora.
Además de la aprobación de las subvenciones, el Consejo de Gobierno ha evaluado un informe que busca actualizar el Decreto que regula la asistencia jurídica gratuita en la región, así como el funcionamiento de los organismos que participan en este proceso.
Entre los objetivos de esta actualización se encuentra la simplificación de los trámites administrativos, lo que permitirá que los ciudadanos puedan acceder a estos servicios de una forma más ágil y efectiva.
El proyecto también se enfoca en detallar las funciones de los colegios profesionales de abogados y procuradores, asegurando que se mantenga un estándar de calidad en la prestación de estos servicios.
La evolución en la asistencia jurídica gratuita se presenta como una respuesta a las necesidades de una sociedad que, cada vez más, requiere de una defensa legal adecuada, y se alinea con el compromiso del Gobierno autonómico de hacer más accesibles los derechos fundamentales de sus ciudadanos.