La Comunidad de Madrid destina una inversión significativa para el desarrollo de la Ciudad de la Justicia, que centralizará servicios judiciales en una nueva ubicación.
La Comunidad de Madrid ha dado un paso decisivo hacia la creación de la Ciudad de la Justicia, un proyecto monumental que comenzará su construcción en el primer semestre de 2025 y se estima que concluirá en un periodo de hasta 48 meses.
En la reunión más reciente del Consejo de Gobierno, se aprobó un contrato por un total de 11,7 millones de euros (aproximadamente 13 millones de dólares) destinado a la dirección técnica y a la coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras, con un horizonte de finalización que se extiende hasta el año 2029.
Esta Ciudad de la Justicia representa una inversión extraordinaria de 653 millones de euros (casi 700 millones de dólares) destinada a unificar 26 sedes judiciales dispersas en diferentes puntos de la capital española en una única ubicación, situada en el barrio de Valdebebas.
Con una superficie construida proyectada de 434,000 metros cuadrados, esta realización supone un aumento del 61% en el espacio actualmente destinado a estos servicios.
Además, se prevé la creación de zonas de reserva, incrementando la capacidad del complejo en un 28% para adaptarse al crecimiento de la actividad judicial durante las próximas cuatro décadas.
El ambicioso plan de construcción se organizará en dos lotes, los cuales se ejecutarán de forma paralela. El primer lote, cuyo coste ascenderá a 195 millones de euros, incluirá las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM), la Audiencia Provincial (tanto Civil como Penal), y un total de 103 Juzgados de Primera Instancia.
Este lote también contemplará la construcción de servicios administrativos versátiles, dos aparcamientos subterráneos, un edificio de entrada y los trabajos de urbanización de la plaza de acceso.
El segundo lote, cuyo valor se estima en 458 millones de euros, englobará las dependencias necesarias para el Orden Civil y Penal, la Fiscalía, el acceso a los juzgados de guardia, archivos, depósitos, seguridad y otras funcionalidades relacionadas.
Todos estos edificios están programados para ser finalizados a finales de 2026, y tendrán un diseño que prioriza la accesibilidad y la eficiencia energética, superando las normativas establecidas por la Unión Europea con un objetivo casi cero en consumo energético, alcanzando 10 puntos por debajo de los niveles requeridos.
Además, en un esfuerzo por modernizar y mejorar la infraestructura judicial, se prevé una intervención sobre el 90% de las 571 infraestructuras judiciales existentes en la Comunidad de Madrid entre 2023 y 2027, con una inyección de más de 830 millones de euros.
Esta suma se destinará ya sea para una renovación total, parcial o para incrementar la eficiencia energética de estructuras ya establecidas.
Este proyecto no solo ofrece una solución a la problemática de la dispersión de las sedes judiciales actuales, sino que también plantea una mejora significativa en la operatividad y la eficiencia de la judicatura madrileña, con un enfoque claro en la sostenibilidad y el servicio al ciudadano.
