La Comunidad de Madrid reporta un crecimiento del 9,8% en solicitudes de asistencia jurídica gratuita, destacando el compromiso del Gobierno regional con este derecho constitucional.
En el último año, la Comunidad de Madrid ha experimentado un notable aumento del 9,8% en las solicitudes de asistencia jurídica gratuita, alcanzando un total de 117.959 peticiones.
Este dato fue destacado recientemente por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la presentación de la memoria anual de este servicio fundamental en la sede de la Viceconsejería de Justicia y Víctimas de la capital.
García Martín subrayó el compromiso del Ejecutivo autonómico para asegurar el cumplimiento de este derecho constitucional que permite a los ciudadanos con recursos limitados acceder a una defensa Jurídica adecuada.
Agradeció también la labor de los letrados y procuradores que forman parte del turno de oficio, quienes hacen posible que las personas que lo necesiten puedan ejercer su derecho a la defensa legal los 365 días del año.
En este contexto, el Gobierno regional ha decidido incrementar en un 9,2% la inversión destinada a la asistencia jurídica gratuita en 2024, elevando el presupuesto a 56,3 millones de euros.
Esta cifra incluye un aumento del 4% en todos los módulos destinados a abogados, así como la creación de cuatro nuevos baremos para cubrir actuaciones profesionales no consideradas anteriormente en el reglamento de asistencia jurídica gratuita.
Entre estas nuevas actuaciones se encuentran recursos de apelación contras autos de prisión, escritos de reconvención, órdenes de alejamiento y situaciones de doble condición de acusación y defensa.
Las estadísticas indican que la mayoría de los expedientes registrados están relacionados con el orden Penal, representando un 60,15% del total, seguido de los asuntos Civiles (24,23%), Contencioso Administrativo (8,51%) y Social (7,1%). El servicio público 012 ha recibido 8.428 llamadas y 152 consultas presenciales en las diferentes oficinas de Atención al Ciudadano, lo que refleja la gran demanda de información y apoyo legal.
Sin embargo, García Martín también ha hecho hincapié en la falta de personal en el ámbito de la Justicia, señalando la necesidad de contar con más funcionarios para lograr una administración de justicia más ágil y eficaz.
El año pasado, se solicitaron 470 plazas al Ministerio, de las cuales solo se asignaron 174, insuficientes para cubrir las necesidades existentes.
Este año, se ha solicitado un total de 629 plazas, aunque con la preocupación de que nuevamente se produzca una respuesta limitada por parte del Ministerio.
Es importante mencionar que la Comunidad de Madrid, al tener un millón y medio de habitantes menos que otras regiones gestionadas de forma directa por el Ministerio, ha destinado 3 millones de euros adicionales al servicio de asistencia jurídica gratuita.
Esto resulta en una inversión de 8,18 euros por habitante, frente a los 6,39 euros que invierte el Ejecutivo central.
Esta diferencia revela un esfuerzo significativo por parte del Gobierno autonómico para mejorar el acceso a la justicia y garantizar los derechos de sus ciudadanos, en un contexto donde la demanda de estos servicios continúa en aumento.