En un esfuerzo por mejorar la eficacia y la rapidez en el sistema judicial, la Comunidad de Madrid ha tomado la decisión de fortalecer la emisión de informes periciales en los Juzgados y otras instancias judiciales.

Durante la reciente reunión del Consejo de Gobierno, se aprobó un convenio junto al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, con un importe que puede ascender hasta 670.400 euros (aproximadamente 686.000 dólares) para el presente año.

Este convenio se enmarca dentro de un Plan de Choque que inicia la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia, apoyado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El objetivo es acelerar la producción de informes psicosociales, atenuando así la carga de trabajo en la Administración de Justicia.

Entre las medidas implementadas se incluye la creación de diez equipos de refuerzo.

Dos de estos equipos se destinarán específicamente a los juzgados de Instrucción y Vigilancia Penitenciaria de la ciudad de Madrid, mientras que el resto se distribuirá por cada uno de los partidos judiciales que presenten una mayor acumulación de trabajo.

Este refuerzo estará vigente por un período máximo de dos años.

De manera adicional, se han establecido cuatro equipos psicosociales que funcionarán como Unidades de Valoración Forense Integral, con el propósito exclusivo de facilitar la gestión y emisión de informes.

Para asegurar una respuesta efectiva, se ha elaborado un protocolo específico para la generación de informes psicosociales que establezca los criterios y procedimientos a seguir.

El convenio contempla que un grupo de psicólogos especializados se hará cargo de la carga de trabajo pendiente de informes urgentes.

Esta estrategia permitirá que los equipos psicosociales, compuestos por 170 profesionales entre psicólogos y trabajadores sociales, puedan concentrarse en sus tareas habituales y así evitar retrasos.

El objetivo primordial es asegurar el buen funcionamiento de la Administración de Justicia y eliminar las acumulaciones de trabajo.

Este tipo de medidas no es nuevo en la Comunidad de Madrid.

Históricamente, la región ha enfrentado desafíos en cuanto a la eficiencia del sistema judicial, situación que ha llevado a la implementación de diversas reformas en los últimos años.

Entre estas, se destacan iniciativas que buscan modernizar y digitalizar procesos judiciales, así como la creación de protocolos que mejoren el flujo de información entre distintas entidades.

El sistema judicial de Madrid, aunque ha mejorado en algunos aspectos, aún enfrenta críticos alegando que la lentitud en la resolución de casos es un tema preocupante.

Con el impulso de este nuevo acuerdo, se espera que la situación mejore significativamente, brindándole a la ciudadanía un servicio más ágil y eficiente.

Este paso es considerado fundamental para fortalecer la confianza en las instituciones y garantizar los derechos de los usuarios del sistema judicial.