La Comunidad de Madrid comienza el proceso para modificar la Ley sobre drogodependencias vigente desde 2002
En Madrid, la Comunidad de Madrid ha dado inicio a la tramitación del anteproyecto de Ley para modificar la Ley sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos, en vigor desde 2002. El Consejo de Gobierno ha autorizado la publicación en el Portal de Transparencia de la consulta pública del texto.
La presidenta del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado la importancia de esta medida dentro del Plan Regional sobre Drogas que se está llevando a cabo en las nueve consejerías.
Esta iniciativa tiene como objetivo proteger a los menores de la venta de productos derivados del cannabis en establecimientos, como aceites para vapeadores, snacks o gominolas con CBD, cuyo consumo también conlleva riesgos para la salud.
La venta de derivados del cannabis a menores de edad en cualquier establecimiento a través de máquinas expendedoras, dispensadores, móviles, portátiles o sucedáneos será prohibida, y se limitará la publicidad de estos productos.
Tampoco se permitirá la venta a menos de 300 metros de los centros educativos de enseñanza no universitaria.
Estas medidas buscan desvincular el consumo de estos productos con el rendimiento físico o la salud, estando en línea con la lucha contra las drogas en la región.
La reforma propuesta se ajustará a la Ley autonómica de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia aprobada en 2023, que prohíbe la venta de sustancias perjudiciales para los niños.
El cannabis es la droga ilegal más consumida entre los estudiantes madrileños de 14 a 18 años, según datos del sistema regional de vigilancia de adicciones.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid está comprometido con la protección de la salud física y mental de la población, y cuenta con recursos como los 24 Centros de Atención Integral a Drogodependientes, Centros de Día y Hospitalización de Adicciones, así como estrategias frente a fenómenos como el chemsex.
Se ha destinado un Plan de Salud Mental y Adicciones con un presupuesto de 45 millones de euros, enfocado especialmente en la población joven y adolescente.
Este plan incluye la contratación de 370 profesionales adicionales, como psiquiatras y enfermeros, para reforzar la atención en prevención del suicidio y cuidados intensivos a domicilio para menores con patologías complejas.