La Comunidad de Madrid, en su proyecto de Ley de Presupuestos generales para 2024 aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, ha incluido las primeras inversiones destinadas a la construcción de la Ciudad de la Justicia.

En concreto, el Ejecutivo regional destinará 2,8 millones de euros para la elaboración de los proyectos de obra del complejo, que unificará las 28 sedes judiciales de la capital en una sola ubicación en el barrio de Valdebebas.

La construcción y gestión de los edificios se realizará de manera directa por parte del Gobierno autonómico en un periodo de siete años.

La actuación ocupará una superficie total de 236.000 metros cuadrados sobre rasante y 198.000 metros cuadrados bajo rasante en un solar con una superficie de 132.000 metros cuadrados.

Se dividirá en dos lotes, que se desarrollarán en paralelo a lo largo de diferentes etapas hasta 2030. Actualmente, ya se ha iniciado la fase 0, con la redacción de los anteproyectos de obras, que finalizará en noviembre.

La licitación se llevará a cabo en marzo de 2024, y la adjudicación está prevista para el verano de ese mismo año, con un presupuesto aproximado de 660 millones de euros.

A partir de allí, se iniciará un periodo de seis meses para la elaboración de los proyectos finales de la Ciudad de la Justicia.

Se espera que las excavadoras comiencen a trabajar en el terreno a principios de 2025. Los primeros edificios que se construirán serán las nuevas sedes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Audiencia Provincial de Madrid y 105 juzgados de Primera Instancia, junto con sus aparcamientos subterráneos y servicios propios.

El partido judicial de Madrid cuenta con 374 órganos jurisdiccionales y recibe a unas 33.000 personas diariamente, entre empleados, profesionales externos y ciudadanos.

El objetivo del Gobierno autonómico es lograr una Administración de Justicia más accesible y eficiente para el beneficio de los madrileños y los trabajadores del sector.

Además, se espera que las nuevas instalaciones de la Ciudad de la Justicia permitan un importante ahorro en costes de alquiler y gastos fijos de las actuales sedes, que supera el 50%. La Comunidad de Madrid será propietaria de las instalaciones y se beneficiará de los ingresos generados por la explotación de los servicios adicionales.