La filial brasileña de Volkswagen ha sido condenada a pagar una cifra récord por su implicación en prácticas laborales similares a la esclavitud durante los años 70 y 80, en una de las decisiones judiciales más importantes en Brasil contra el trabajo esclavo.
La condena, divulgada este viernes por el Ministerio Público del Trabajo, impone a la empresa una multa de aproximadamente 22 millones de euros (unos 24 millones de dólares al cambio actual), además de exigir que reconozca públicamente su responsabilidad y ofrezca disculpas a las víctimas y a toda la sociedad brasileña.
Este fallo judicial es considerado uno de los más contundentes en la historia del país en relación con casos de trabajo análogo a la esclavitud. La investigación revela que la filial brasileña de Volkswagen, que en aquella época era una de las más grandes multinacionales en Brasil, invirtió en la Hacienda Vale do Rio Cristalino, conocida como 'Hacienda Volkswagen', ubicada en Santana do Araguaia, en el estado de Pará, durante las décadas de 1970 y 1980.
Supuestamente, los testimonios y documentos recabados indican que la empresa no solo participó en la gestión de esta hacienda, sino que también se benefició directamente de la explotación laboral, que incluía condiciones de trabajo extremadamente precarias, vigilancia armada, alojamientos insalubres, alimentación insuficiente y la privación de atención médica.
Estos hechos ocurrieron en un contexto histórico en el que #Brasil vivía bajo una dictadura militar
Estos hechos ocurrieron en un contexto histórico en el que Brasil vivía bajo una dictadura militar, un período marcado por graves violaciones a los #derechos humanos y por la existencia de múltiples casos de esclavitud moderna.
El juez Otavio Bruno da Silva Ferreira, responsable del fallo, afirmó que las pruebas evidencian que #Volkswagen Brasil utilizó recursos públicos y beneficios fiscales para impulsar sus actividades en esa región, consolidando uno de los mayores centros de producción ganadera en la zona.
Según su declaración, la empresa no solo participó activamente en la explotación, sino que también se benefició de ella, lo que agravó aún más la gravedad del caso.
El caso fue llevado a la #justicia en 2019, después de una exhaustiva investigación que duró varios años, y en diciembre de 2024 la fiscalía presentó cargos formales.
