El gobierno venezolano ha aprobado un decreto que confiere poderes extraordinarios a Nicolás Maduro, en medio de una escalada de tensiones con Estados Unidos y la presencia militar en aguas cercanas. La medida busca proteger la soberanía y la estabilidad del país ante posibles agresiones externas.
Aunque no se especificó una fecha concreta, la medida fue presentada como una respuesta a la presencia militar estadounidense en aguas cercanas al país suramericano.
Se trata, presuntamente, del llamado 'decreto de conmoción externa', una normativa que fue propuesta por #Maduro el pasado 23 de septiembre y que ahora se encuentra en proceso de implementación.
Este tipo de decreto, según la Constitución venezolana, es uno de los cuatro estados de excepción posibles y puede ser declarado en caso de un conflicto que ponga en peligro la seguridad nacional, la integridad territorial o la estabilidad del Estado.
La Ley Orgánica sobre Estados de Excepción establece que, una vez dictado por el presidente, el decreto tiene fuerza de ley y debe ser publicado en la Gaceta Oficial, el principal medio de difusión oficial en Venezuela.
Supuestamente, en un estado de excepción, el gobierno puede restringir temporalmente ciertos derechos constitucionales, salvo aquellos relacionados con la vida, la prohibición de torturas, el debido proceso y otros derechos humanos esenciales.
La vicepresidenta acusó a #Estados Unidos de amenazar la #soberanía venezolana porque, supuestamente, necesita las vastas reservas energéticas y minerales del país para sus propios intereses en un contexto de lo que calificó como una guerra global contra el planeta.
Según Delcy Rodríguez, el decreto busca conferir facultades especiales a Maduro para actuar en materia de defensa y seguridad en caso de una agresión, que supuestamente podría venir de EE.UU. o de otros actores externos. La medida permitiría movilizar rápidamente a las Fuerzas Armadas, tomar control de infraestructura clave como los servicios públicos, la industria petrolera y las empresas básicas, así como cerrar fronteras terrestres, marítimas y aéreas.
Además, se activarían planes económicos, políticos y sociales para garantizar la estabilidad del país ante cualquier eventualidad.
El mandatario, supuestamente, inició un proceso de consulta sobre este decreto, con el fin de legitimar su implementación ante la Asamblea Nacional y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, las cuales deben pronunciarse sobre su constitucionalidad.
La legislación venezolana permite que el decreto esté en vigor por un máximo de 90 días, prorrogables por otros 90, bajo la aprobación del Parlamento controlado por el oficialismo.
Por otro lado, organizaciones de derechos humanos y la oposición han expresado su preocupación, solicitando que el gobierno publique de manera inmediata el contenido completo del decreto, ya que implica la posible restricción de garantías constitucionales.
La situación refleja la creciente tensión entre #Venezuela y Estados Unidos
La situación refleja la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos, que ha estado marcada por sanciones, despliegues militares y acusaciones mutuas de agresión y amenazas.
Históricamente, Venezuela ha enfrentado diversos estados de excepción durante crisis políticas y conflictos internos. Desde la década de 1990, en varias ocasiones, el gobierno ha declarado estados de excepción para mantener el control en situaciones de disturbios, golpes de Estado o crisis económicas.
La medida actual, sin embargo, adquiere una dimensión internacional, dado el contexto de tensión con EE.UU. y la presencia militar en la región del Caribe, que ha generado preocupación en la comunidad internacional.
En definitiva, la decisión de Maduro de otorgar poderes especiales a través de este decreto refleja la gravedad de la situación y la intención de fortalecer la defensa del país frente a lo que supuestamente considera amenazas externas.
