La tienda online de moda rápida Shein enfrenta una investigación formal de la Unión Europea por anunciar descuentos falsos y otras irregularidades, con un plazo de un mes para subsanar las deficiencias.
La investigación, que se inició en febrero pasado, se centra en acusaciones de publicidad engañosa, como la promoción de #descuentos falsos y otras acciones que vulneran las leyes de protección al consumidor en la Unión Europea.
La institución comunitaria ha establecido un plazo de un mes para que #Shein responda y proponga medidas correctivas, antes de que las autoridades nacionales puedan decidir sanciones económicas u otras acciones coercitivas.
Shein, fundada en 2008 en China, ha logrado una presencia significativa en el mercado europeo, especialmente entre los jóvenes, gracias a sus precios bajos y su amplia variedad de productos.
Sin embargo, su crecimiento rápido ha levantado suspicacias sobre la transparencia en sus prácticas comerciales. La Comisión Europea, en coordinación con la red de protección al consumidor (CPC), ha llevado a cabo una serie de investigaciones en países como Francia, Irlanda y Países Bajos, donde se han detectado varias irregularidades.
Entre las principales acusaciones, se señala que Shein ha estado ofreciendo descuentos que no corresponden a precios reales, creando una percepción de ahorro que en realidad es engañosa.
La Comisión ha detectado que las rebajas mostradas en los productos no corresponden a precios anteriores reales, lo que constituye una práctica de publicidad falsa.
Además, se acusa a la plataforma de manipular los plazos de compra y de proporcionar información inexacta sobre los derechos de devolución y reembolso, con el fin de presionar a los clientes para que completen sus compras.
Otro aspecto que ha llamado la atención de las autoridades es el etiquetado engañoso en diversos productos. La Comisión Europea sostiene que Shein ha atribuido características a ciertos artículos que no corresponden con la realidad, creando expectativas falsas sobre la calidad y durabilidad de sus productos.
Asimismo, se ha denunciado que la plataforma no cumple con los requisitos legales en materia de devoluciones y reembolsos, dificultando a los consumidores el acceso a la información necesaria para ejercer sus derechos.
También se señala que Shein ha proporcionado datos engañosos respecto a la durabilidad de sus productos
En el informe, también se señala que Shein ha proporcionado datos engañosos respecto a la durabilidad de sus productos, promoviendo ventajas que no están respaldadas por la realidad.
La legislación europea exige que las empresas comuniquen claramente las características y garantías de sus productos, pero en este caso, se ha detectado una falta de transparencia.
Finalmente, la Comisión Europea ha destacado que Shein no ha facilitado a los consumidores la información de contacto necesaria para gestionar consultas o reclamaciones, incumpliendo así las obligaciones comunitarias.
La CPC también ha solicitado a la empresa que proporcione detalles sobre otras prácticas comerciales para verificar su conformidad con la normativa.
Shein ha declarado en un comunicado que ha estado colaborando de manera constructiva con las autoridades europeas y que está comprometida con cumplir las leyes del bloque.
La compañía asegura que continuará participando en el proceso para abordar cualquier inquietud y que trabaja para garantizar una experiencia de compra segura y confiable para todos sus clientes.
Este caso no es aislado. La historia de Shein en #Europa se ha visto acompañada de debates sobre la protección del consumidor y la competencia en el mercado digital. La #regulación en este ámbito ha aumentado en los últimos años, con el objetivo de evitar prácticas comerciales engañosas y proteger a los usuarios.
La Unión Europea ha implementado directrices estrictas sobre publicidad y transparencia, y la situación de Shein será un ejemplo para otras plataformas similares en el futuro.
Si la compañía no responde a las acusaciones en el plazo establecido y no propone soluciones satisfactorias, las autoridades nacionales podrán imponer sanciones económicas que podrían ascender a decenas de miles de euros, dependiendo del volumen de negocio de la empresa.
