Los pacientes terminales en Inglaterra y Gales podrán terminar con su vida bajo condiciones estrictas tras la aprobación de una histórica ley de asistencia para morir.
Londres: Un cambio significativo en la legislación sobre la eutanasia se ha materializado en Inglaterra y Gales, permitiendo a los pacientes terminales la opción de terminar con sus vidas bajo condiciones específicas.
Este innovador paso se logró tras una intensa y emotiva discusión en la Cámara de los Comunes, donde los parlamentarios británicos se pronunciaron a favor de la ley de asistencia para morir, con una votación que terminó 330 a 275. Este es considerado uno de los cambios sociales más importantes en varias décadas en el país.
La propuesta, impulsada por la diputada laborista Kim Leadbeater, es el resultado de semanas de debates públicos cargados de emociones y divergencias, tocando un tema ético que ha polarizado a la sociedad británica.
Muchos especialistas y analistas han comparado esta votación histórica con hitos legales anteriores en el Reino Unido, como la legalización del aborto en 1967, la abolición de la pena de muerte en 1969, y la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en 2014.
La nueva legislación, que ahora se someterá a revisión por parte de comités parlamentarios, estipula que únicamente los adultos que sean diagnosticados con enfermedades terminales y que tengan una expectativa de vida de menos de seis meses serán elegibles para la asistencia en morir.
Además, deben estar registrados con un médico general (GP) durante al menos 12 meses.
Es vital que el paciente tenga la capacidad mental necesaria para tomar esta decisión y que haya expresado de manera clara y consciente su deseo, sin ningún tipo de coerción o presión externa.
En caso de que se demuestre coerción, esto será considerado un delito, con penas que pueden llegar hasta los 14 años de cárcel.
Asimismo, se requiere que el paciente haga dos declaraciones separadas, las cuales deben ser firmadas y atestiguadas, indicando su deseo de optar por la eutanasia.
Dos médicos independientes deberán evaluar la elegibilidad del paciente, y estas evaluaciones deberán realizarse al menos con siete días de diferencia.
Finalmente, un juez del Tribunal Superior debe aprobar el proceso.
El paciente tendrá un plazo de 14 días tras el fallo judicial para reflexionar sobre su decisión final.
De manera importante, la persona deberá auto-administrarse la medicación para concluir con su vida.
La iniciativa de la legislatura ha generado reacciones diversas.
Grupos como 'Not Dead Yet', que se oponen a la ley, han expresado su preocupación a raíz de la decisión.
Sin embargo, la división en la opinión pública no ha impedido este cambio significativo, que es un reflejo de los debates prolongados y de la evolución de las percepciones sociales en torno al derecho a decidir sobre la propia vida.
Un punto crucial en estos debates es la historia del derecho a morir en el Reino Unido, que ha sido un tema candente durante décadas.
Desde los casos de asistencia al suicidio y la presión social para reconocer este derecho, la discusión ha ido ganando terreno, planteando preguntas éticas complejas que anteriormente solo eran debatidas en contextos académicos y médicos.
Esto marca un paso hacia adelante en la lucha por los derechos de los pacientes y el respeto por sus decisiones en momentos difíciles.