Keir Starmer enfrenta su primer gran test como Primer Ministro del Reino Unido en medio de disturbios extremistas y críticas a su gestión.

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En su primer discurso tras asumir la jefatura del Gobierno británico desde el Palacio de Downing Street, Keir Starmer prometió ser un primer ministro centrado en la "estabilidad y moderación". Sin embargo, un mes después, se encuentra en medio de su primer y serio desafío en relación con la estabilidad interna del país.

El verano en el Reino Unido se ha convertido rápidamente en una época de disturbios.

Todo comenzó la semana pasada en la localidad costera de Southport, donde un ataque con cuchillo durante una fiesta infantil provocó la trágica muerte de tres jóvenes.

Este suceso desencadenó una reacción violenta, ya que extremistas de extrema derecha comenzaron a propagar odio y pánico en línea hacia los inmigrantes.

Las protestas se intensificaron en Southport y se extendieron hacia otras ciudades como Sunderland, Hartlepool y Londres.

Esa ola de violencia ha continuado expandiéndose.

Durante el fin de semana, se llevaron a cabo marchas de la extrema derecha y contramanifestaciones en ciudades como Belfast, Manchester, Leeds, Liverpool, Nottingham, Hull, Stoke-on-Trent, Blackpool y Bristol.

En Rotherham, un grupo de alborotadores enmascarados intentó incendiar un hotel que albergaba a solicitantes de asilo.

Las autoridades se mantienen alertas ante la posibilidad de más desórdenes durante esta semana, lo que indica que el clima nacional es todo menos estable.

La situación es compleja para Starmer y su partido, Labour.

Heredaron un Reino Unido que requiere reparaciones fundamentales tras los caóticos mandatos post-Brexit de líderes como Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss y Rishi Sunak.

Entre los numerosos desafíos, se encuentra la crítica situación de las finanzas públicas, un Servicio Nacional de Salud (NHS) en crisis y un sistema penitenciario al borde del colapso.

La ola de violencia extrema es, sin embargo, la preocupación más acuciante en este momento.

Muchos analistas habían anticipado este escenario.

En toda Europa, el populismo antiinmigrante ha crecido en los últimos años, como se ha evidenciado en las elecciones parlamentarias y las recientes elecciones anticipadas en Francia.


En el mes de julio, cuatro millones de británicos votaron por el partido populista de derecha Reform, liderado por Nigel Farage, quien obtuvo el 14% de los votos, colocándose como el tercer partido, detrás de Labour y los Conservadores.

Aunque Farage ha obtenido solo un reducido número de escaños en la Cámara de los Comunes debido al sistema electoral británico, su influencia mediática es considerable.

Recientemente, Farage insinuó a través de un video que la policía de Merseyside podría no estar siendo totalmente sincera respecto a la falta de conexión terrorista en los asesinatos de Southport.

Su intervención ha sido criticada por avivar teorías de conspiración de extrema derecha que sugieren un "policía de dos niveles", afirmando que las fuerzas del orden favorecen a las minorías.

Starmer y Labour han optado por una respuesta prudente.

Han trazado una línea clara entre la protesta y la violencia, y han establecido una "nueva capacidad nacional" para ayudar a las fuerzas policiales a lidiar con desordenes violentos.

Además, han nombrado explícitamente la extremismo responsable de estos disturbios.

En la noche del domingo, Starmer condenó la "violencia de extrema derecha", prometiendo que aquellos que participen en actos violentos "enfrentará la máxima sanción de la ley".

Si bien se espera que este último brote de hooliganismo de extrema derecha pueda disminuir, la posibilidad de que esto no ocurra también está sobre la mesa.

En caso de que continúen los disturbios, el Gobierno podría considerar clasificar a grupos como la English Defence League como organizaciones terroristas.

Sin embargo, esta medida podría tener un efecto limitado, dado que gran parte de la actividad extremista actual se ha trasladado a un modo "post-organizativo", moviéndose a través de redes sociales en lugar de organizaciones formales.