El expresidente peruano Martín Vizcarra fue llevado a una cárcel de máxima seguridad tras ser recluido en una prisión común, generando reacciones y especulaciones sobre las decisiones judiciales y políticas en Perú.
La autoridad penitenciaria, supuestamente, decidió cancelar su internamiento en la cárcel de Barbadillo, donde actualmente se encuentran otros exmandatarios, para que cumpla con una prisión preventiva de cinco meses en un centro penitenciario de máxima seguridad.
El traslado de Vizcarra se realizó en una furgoneta blindada del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), acompañado de un fuerte despliegue policial, y desde el penal de Barbadillo, al este de Lima, fue llevado hacia Ancón II, en el norte de la capital peruana.
La decisión llegó aproximadamente una semana después de su ingreso inicial en Barbadillo, en medio de una serie de evaluaciones y cambios en su situación legal.
Cabe destacar que, hasta ahora, la cárcel de Barbadillo, inaugurada en 2007, ha sido el lugar donde han sido recluidos diversos expresidentes, incluyendo a Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.
Sin embargo, esta es la primera vez que un exmandatario es recluido en una prisión común en lugar de ese penal especial.
El INPE, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, anunció el jueves que había anulado la resolución que enviaba originalmente a Vizcarra a Barbadillo.
Posteriormente, el viernes, informaron que tras una nueva evaluación, decidieron enviarlo a una prisión de mayor seguridad sin ofrecer detalles específicos sobre los motivos de esta decisión.
Según la autoridad penitenciaria, Vizcarra fue reclasificado a la cárcel de Lurigancho, una de las más pobladas de Latinoamérica, ubicada en Lima.
No obstante, por razones de seguridad, fue finalmente trasladado a Ancón II, conocida también como Piedras Gordas II, que cuenta con instalaciones más modernas y robustas.
Vizcarra atribuyó su cambio de cárcel a una supuesta 'decisión política'
Antes del traslado, en declaraciones a la emisora RPP, Vizcarra atribuyó su cambio de cárcel a una supuesta 'decisión política'. El exmandatario explicó que, tras una semana recluido en Barbadillo, una segunda evaluación del INPE, realizada el miércoles, generó en él la sensación de que se buscaba cambiar su clasificación en un plazo muy corto.
Este movimiento ha sido interpretado por algunos analistas y sectores políticos como un intento de la #justicia peruana de fortalecer las medidas en su contra, en medio de la persistente crisis #política y judicial en el país.
La decisión también ha sido vista como un reflejo de las tensiones existentes entre los diferentes poderes del Estado en Perú.
Desde su ingreso en Barbadillo, Vizcarra ha mantenido una postura firme, asegurando que su encarcelamiento es 'político' y que lucha por su inocencia en un proceso que, según él, carece de fundamentos sólidos.
La situación ha generado una serie de movilizaciones y reacciones en diferentes sectores de la sociedad peruana, algunos apoyando su postura y otros exigiendo justicia.
En un contexto más amplio, el caso de Vizcarra se inscribe en un escenario donde varios exmandatarios latinoamericanos enfrentan procesos judiciales por presuntos casos de corrupción, un fenómeno que ha marcado la política en la región en los últimos años.
La historia reciente de Perú, marcada por cambios de gobierno y crisis institucional, hace que estos eventos tengan un impacto profundo en la opinión pública y en la estabilidad del país.
Supuestamente, esta situación podría influir en futuras decisiones judiciales y en la percepción internacional sobre la independencia del sistema judicial peruano.
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