Pedro Castillo solicita a su ex primera ministra Betssy Chávez que abandone la huelga de hambre que inició hace seis días en prisión, en medio de un proceso judicial por un fallido intento de autogolpe en 2022. La situación genera controversia en Perú y pone en el centro del debate los derechos de los presos políticos.
Durante una audiencia realizada este jueves en el marco de su proceso judicial por el fallido intento de autogolpe en 2022, Castillo, quien está siendo juzgado por el delito de rebelión, dirigió unas palabras a Chávez, presente en la sala, en las que le pidió que "deponga su actitud" y que deje su medida de protesta.
Castillo, que actualmente se encuentra en prisión preventiva, afirmó que "al pueblo no le defiende poniendo un cuerpo inerte en un camposanto con un madero encima, sino acompañándola en sus luchas permanentemente".
Estas palabras reflejan la profunda polarización que vive #Perú en torno a este caso y a las acciones de ambos exfuncionarios, que también enfrentan cargos relacionados con su participación en el intento de autogolpe.
Supuestamente, la #huelga de hambre de Chávez es una protesta contra los presuntos malos tratos que habría recibido por parte de las autoridades penitenciarias.
Ella misma ha declarado que su medida busca presionar para que se autorice su traslado a otra cárcel, alegando que su integridad física y la de otras dos reclusas está en peligro.
Sin embargo, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) ha negado estas acusaciones, asegurando que no hay pruebas que respalden las denuncias de malos tratos y que Chávez no ha solicitado formalmente su traslado, un requisito indispensable para su evaluación.
La ex primera ministra también es procesada por su presunta participación en el intento de golpe, que llevó a la destitución de Castillo. Ambos enfrentan penas que, si son condenados, podrían oscilar entre 20 y 30 años de prisión, dependiendo de las circunstancias del juicio. La tensión en torno a su situación judicial ha generado un fuerte debate en la opinión pública peruana, con opiniones divididas entre quienes consideran que tienen derechos vulnerados y quienes apoyan las acciones de las autoridades.
Paralelamente, la defensa de Chávez ha presentado un hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional (TC) para solicitar la nulidad de la prisión preventiva dictada en su contra en 2023.
La Defensoría del Pueblo de Perú
Argumentan que hubo irregularidades en el proceso y que su libertad debe ser garantizada para evitar arbitrariedades. La Defensoría del Pueblo de Perú, en calidad de amicus curiae, ha solicitado al TC que intervenga en este proceso para velar por el respeto al plazo de la prisión preventiva, considerado por expertos como una garantía fundamental frente a posibles abusos y en defensa de la presunción de inocencia.
La situación en Perú no es nueva en su historia política. Desde la década de 1980, el país ha atravesado múltiples episodios de inestabilidad, golpes de Estado y conflictos judiciales que han dividido a la población.
La figura de Pedro Castillo, un maestro rural de ideología izquierdista, supuestamente representó una esperanza para sectores marginados, pero también generó rechazo en otros grupos políticos, que lograron su destitución en medio de acusaciones de corrupción y abuso de poder.
Ahora, con Chávez en huelga de hambre y Castillo en prisión, Perú enfrenta un momento de alta tensión #política y social. La comunidad internacional sigue de cerca estos acontecimientos, recordando que la protección de los #derechos humanos y el respeto a los procesos judiciales son fundamentales para la estabilidad democrática.
