Una investigación revela que el gobierno estadounidense habría autorizado operaciones militares en el extranjero para combatir cárteles de drogas, en un giro radical en su política antidrogas.

La información fue revelada por la publicación The New York Times, que cita fuentes anónimas relacionadas con la administración. Esta medida marcaría un cambio sin precedentes en la estrategia antidrogas de Washington, al oficializar la #militarización de acciones contra organizaciones narcotraficantes transnacionales.
Según las fuentes, la orden establece un marco legal para desplegar fuerzas armadas en operaciones contra grupos narcotraficantes latinoamericanos, algunos de los cuales supuestamente han sido designados como organizaciones terroristas por la propia Casa Blanca.
La decisión responde, presuntamente, a la creciente preocupación por el aumento en el tráfico de fentanilo y otras sustancias ilícitas hacia Estados Unidos, considerados por el gobierno estadounidense como amenazas a la seguridad nacional.
En el contexto histórico, Estados Unidos ha mantenido una política de guerra contra las drogas desde la segunda mitad del siglo XX, con operaciones en países como Colombia y México.
Sin embargo, la incorporación formal de las fuerzas militares en acciones directas en el extranjero representa una evolución significativa. Antes, dichas acciones estaban generalmente limitadas a operaciones policiales y de inteligencia, pero ahora, supuestamente, se contempla una intervención armada con mayor grado de autonomía.
Hasta el momento, ni el Pentágono ni el Departamento de Estado han emitido declaraciones oficiales sobre la legalidad o los detalles de esta directiva secreta.
La Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia tampoco ha confirmado ni desmentido la información, lo que ha generado una serie de interrogantes sobre el marco legal y diplomático de estas supuestas operaciones.
Algunos analistas opinan que esta estrategia podría abrir un nuevo capítulo en la lucha contra el narcotráfico
Por otra parte, la noticia ha generado preocupación en diversos sectores políticos y diplomáticos. Algunos analistas opinan que esta estrategia podría abrir un nuevo capítulo en la lucha contra el narcotráfico, pero también advierten sobre los riesgos de una escalada militar en regiones donde la estabilidad política es precaria.
Supuestamente, esta medida también tendría vínculos con la política exterior de Trump hacia países latinoamericanos considerados aliados o enemigos.
Entre los casos más señalados, se menciona a Venezuela, donde supuestamente Estados Unidos ofrece una recompensa de aproximadamente 45 millones de euros por la captura del presidente Nicolás Maduro, a quien se le vincula con el cartel de Sinaloa y lo califican como uno de los principales narcotraficantes del mundo.
En paralelo, informes no confirmados indican que el FBI habría solicitado a las fuerzas policiales locales que compartan información sobre personas relacionadas con ocho grupos criminales internacionales designados como organizaciones terroristas, en una estrategia que podría incluir la vigilancia y la inclusión en listas de terror internacional, similares a las instauradas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Cabe recordar que, durante la administración de Trump, ya se habían dado pasos en esta dirección, como el despliegue de tropas y efectivos de la Guardia Nacional en la frontera sur para reforzar la lucha contra el #narcotráfico y la migración irregular.
La supuesta firma de esta directiva secreta refuerza la percepción de que Washington apuesta por una política de intervención más agresiva en el continente latinoamericano, en un momento en que la lucha contra las drogas sigue siendo uno de los mayores retos de la región.
En definitiva, si estas informaciones se confirman, marcarían un cambio de paradigma en la política antidrogas de Estados Unidos, con posibles implicaciones tanto legales como diplomáticas en la región.