Una jueza en Ecuador ordenó prisión preventiva para un militar acusado de presunta violación a un joven soldado en un cuartel de Zamora Chinchipe, en un caso que conmociona a la región.

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Supuestamente, el militar, identificado como Alex Marcelo A. G., quien se desempeñaba como cabo primero de infantería y era instructor del Batallón de Selva Zumba, habría utilizado métodos de chantaje para cometer el delito.

La investigación indica que el incidente ocurrió cuando el instructor le quitó al soldado una cadena que le habían regalado sus padres, ya que el reglamento interno del cuartel prohibía el uso de joyas.

Supuestamente, la cadena era de gran valor sentimental para la víctima, y el militar se aprovechó de ello, presuntamente diciendo al joven que si quería recuperarla, debía tener relaciones sexuales con él.

La Fiscalía detalló en un comunicado que esta actitud sería la causa del abuso.

Un examen médico legal realizado posteriormente confirmó la presencia de signos de violencia recientes, que presuntamente corresponden a una violación.

La denuncia fue presentada por un capitán del mismo batallón, quien escuchó por primera vez el relato del soldado cuando éste le contó lo ocurrido en el casino del cuartel.

La versión del capitán, que coincidió con el testimonio inicial del joven, fue fundamental para la apertura de la investigación. Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal solicitó la prisión preventiva del militar, decisión que fue avalada por la jueza. Además, la autoridad judicial prohibió al militar perseguir o intimidar a la víctima o a su familia, incluso a través de terceros.

Este caso ha causado revuelo en la región, ya que no solo pone en evidencia posibles abusos dentro del sistema militar, sino que también reaviva el debate sobre la protección de los derechos de los jóvenes soldados, muchos de los cuales están en situación vulnerable.

En la historia reciente de Ecuador

Supuestamente, en la historia reciente de Ecuador, casos similares han salido a la luz, evidenciando un patrón en algunos cuarteles donde la autoridad y disciplina se ven empañadas por abusos y irregularidades.

El militar, de ser declarado culpable, podría enfrentarse a una pena de prisión de hasta veintidós años, una sanción que refleja la gravedad del delito.

La investigación continúa, y se espera que en los próximos meses se esclarezcan todos los detalles del caso.