Durante el agitado verano de 2020, el entonces presidente Donald Trump mostró su frustración ante sus asesores militares y jurídicos, a quienes descalificó como "perdedores" al oponerse a su propuesta de utilizar tropas federales para hacer frente a los brotes de violencia que acompañaban las protestas en todo el país tras el asesinato del policía de George Floyd.

Aunque esta no fue la única vez que Trump consideró emplear el ejército en el ámbito del orden interno –una práctica que plantea profundas implicaciones para las libertades civiles y para los límites tradicionales del poder federal–, se ha documentado que el exmandatario frecuentemente sugirió el uso de soldados para asegurar los estados fronterizos.

Durante su primer mandato, Trump nunca pudo llevar a cabo su visión de hacer valer la ley mediante el uso de tropas en el suelo estadounidense.

Sin embargo, al buscar una vez más el poder, ha dejado en claro que pretende utilizar a las fuerzas armadas para diversos fines de aplicación de la ley en el ámbito doméstico, incluyendo la patrulla de la frontera, el control de protestas que él considera que han mutado en disturbios, y hasta la lucha contra el crimen en grandes ciudades gobernadas por demócratas.

"En lugares donde hay un verdadero colapso del estado de derecho, como en los vecindarios más peligrosos de Chicago, el próximo presidente debería usar todo el poder a su disposición para restaurar el orden.

Y, si es necesario, eso incluye enviar a la Guardia Nacional o a las tropas", declaró Trump en agosto de 2022.

Durante su ausencia del poder, colaboradores del ex presidente han trabajado en documentos de políticas que ofrecen justificaciones legales para la intención de Trump de utilizar el ejército en la aplicación de la ley en el país, particularmente en lo referente a la inmigración.

Públicamente, han discutido este tema en el contexto de los estados fronterizos y de inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos.

Sin embargo, un correo interno de un grupo cercano a Trump, obtenido por The New York Times, revela que, en privado, el grupo también exploraba la posibilidad de usar tropas para "detener disturbios" provocados por manifestantes.

La ley Posse Comitatus, promulgada tras la Guerra Civil, generalmente convierte en un delito el uso de tropas federales regulares para fines de policía dentro del país.

No obstante, una ley de 1807 conocida como la Ley de Insurrección crea una excepción a esta prohibición.

Esta ley otorga a los presidentes el poder de emergencia para enviar tropas federales al territorio nacional para restaurar el orden cuando consideran que la situación lo justifica.

Las tropas federales pueden ser militares de servicio activo o soldados de la Guardia Nacional estatal controlados por el gobierno federal.

La Ley de Insurrección fue invocada por última vez en 1992, cuando el presidente George H.W. Bush envió tropas a Los Ángeles para ayudar a suprimir los disturbios tras la absolución de agentes de policía blancos que habían sido grabados agrediendo al automovilista negro Rodney King.

Sin embargo, en esa ocasión, tanto el gobernador de California como el alcalde de Los Ángeles habían solicitado asistencia federal para restaurar el orden.

La controversia en torno a la aplicación de la ley y el uso del ejército domestico sigue siendo un tema candente en la política estadounidense.