El ex presidente de Estados Unidos se enfrenta a un proceso judicial por su presunta participación en el pago para ocultar escándalos sexuales antes de las elecciones de 2016.

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En una actualización legal en el caso conocido como “People of the State of New York v.

Donald J. Trump”, el ex mandatario estadounidense está siendo juzgado por su presunta implicación en el silenciamiento de escándalos sexuales.

El martes, los fiscales presentarán formalmente el caso a un jurado de 12 personas, dando inicio al primer proceso judicial contra un presidente de Estados Unidos.

El juicio, que podría resultar en Trump siendo declarado culpable y enfrentando cargos penales mientras intenta una nueva candidatura presidencial, tendrá repercusiones en toda la nación y pondrá a prueba la solidez del sistema judicial que el ex presidente ha estado criticando de una manera sin precedentes.

Aunque el fiscal de distrito de Nueva York, Alvin Bragg, ha recopilado una gran cantidad de pruebas, una condena no está garantizada.

Durante las próximas seis semanas, los abogados de Trump enfocarán sus esfuerzos en tres puntos débiles aparentes: la credibilidad de un testigo clave, la culpabilidad de un presidente y la complejidad jurídica del caso.

Los fiscales buscarán maniobrar alrededor de esas vulnerabilidades, deslumbrando al jurado con una historia que mezcla política y sexo, mientras se enfrentan a un astuto acusado con un largo historial de eludir consecuencias legales.

También tratarán de reforzar la credibilidad de ese testigo clave, Michael Cohen, un ex arreglador de Trump que previamente se declaró culpable de crímenes federales por pagar a la actriz porno, Stormy Daniels.


Ambas partes expondrán sus argumentos en declaraciones iniciales el martes, ofreciendo interpretaciones opuestas de la evidencia seis años después de que el pago a Daniels entrara en la conciencia pública y pusiera en peligro brevemente la presidencia de Trump.

Pero al presentar el caso a los posibles jurados la semana pasada, los fiscales de Manhattan enfatizaron ni el pago que aseguró el silencio de Daniels ni el escándalo sexual que fue enterrado en el proceso.

En cambio, un fiscal, Joshua Steinglass, destiló las apuestas del juicio en una pregunta fundamental: “Este caso trata sobre el estado de derecho y si Donald Trump lo quebrantó.”

El jefe de Steinglass, Bragg, ha ofrecido una interpretación más elevada, presentando las acciones de Trump como interferencia electoral.

Aunque los abogados de Trump podrían argumentar que simplemente intentaba ocultar historias vergonzosas de su familia, Bragg afirma que Trump orquestó un plan para ocultar escándalos sexuales latentes de los votantes mientras se dirigían a las urnas en 2016. En total, sus aliados cerraron tres acuerdos de silencio, pagando a personas que tenían historias que contar, historias que podrían haber arruinado la candidatura de Trump.