La Corte Suprema de Colorado ha tomado una decisión contundente al declarar que el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no cumple con los requisitos para estar en la papeleta presidencial del estado el próximo año.

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Uno de los talentos más llamativos de Donald Trump, entre muchos otros, es su habilidad para mantenerse en el ojo público, en medio de las cosas, o simplemente estorbar.

Y justo cuando crees que ha alcanzado la saturación máxima, logra encontrar alguna forma totalmente inesperada de volver al centro de atención.

El caso más reciente: una decisión contundente de la Corte Suprema de Colorado, que establece que el ex presidente de Estados Unidos no está calificado para estar en la papeleta presidencial del estado el próximo año.

La razón: una enmienda un tanto oscura a la Constitución de Estados Unidos que descalifica de cualquier cargo público adicional a cualquier funcionario electo o designado que, tras jurar un juramento de cumplir las leyes del país, participe en una insurrección contra él o la impulse.

El candidato presidencial estadounidense, Donald Trump, no puede mantenerse fuera de las noticias, lo que favorece su agenda.

Crédito: API

Esta enmienda se remonta a la Guerra Civil y fue diseñada para mantener alejados del gobierno a los funcionarios que tomaron partido por el Sur.

Demandas que desafían a Trump en este aspecto han estado surgiendo en diferentes tribunales estatales desde el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Hasta ahora, los resultados han sido mixtos debido a diversas cuestiones legales y técnicas.


Sea cual sea lo que hagan los demás estados, parece que esta decisión está destinada a ser dictaminada por la Corte Suprema de Estados Unidos.

La disposición parece ser clara a simple vista, pero, como ocurre con tantos problemas relacionados con Trump, no es tan sencillo.

Este es uno de esos problemas políticos y legales que solo deja preguntas.

Por ejemplo, ¿qué es exactamente una insurrección? Y ¿quién decide qué es una insurrección? ¿Un candidato debe ser condenado por un delito? Si no es así, ¿puede un funcionario electoral estatal o incluso del condado considerar unilateralmente a alguien culpable?

Si un funcionario local retira a un candidato por esta disposición, ¿alguna entidad puede reconsiderar o anular esa decisión una vez que se haya tomado? ¿Se puede apelar esa decisión y, de ser así, sería un asunto estatal o federal? (Recuerde que en Estados Unidos, las elecciones son supervisadas a nivel local). Y, por cierto, ¿no debería el Congreso haber aprobado una ley que aclare todo esto en algún momento?

El asunto es urgente, Colorado está a pocas semanas de imprimir sus papeletas primarias.

¿La Corte Suprema de Estados Unidos tomará el caso? Si lo hace, ¿agilizará el proceso o se tomará su tiempo?