La Fiscalía de Perú recuperó los restos de ocho personas de una misma familia, supuestamente víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de la Marina en 1984. El hallazgo se realizó en Ayacucho, en medio del legado del conflicto armado interno que azotó el país durante dos décadas.

Este hallazgo se produjo en el paraje de Ayamachay, en la comunidad de Unión Minas, ubicada en la provincia de La Mar, Ayacucho, en medio de la recuperación de la #memoria histórica de uno de los periodos más oscuros del Perú.
Supuestamente, la operación fue llevada a cabo después de que un helicóptero de la Marina sobrevolara la zona para realizar operativos en varias comunidades, incluyendo Ranra, Unión Cristal y Paria.
La recuperación de los cuerpos fue posible gracias a la labor de la Primera Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ayacucho, que coordinó los trabajos en el terreno con el apoyo de personal forense especializado, conocido como Equipo Forense Especializado (EFE).
La identificación de los restos se realizó en el Laboratorio de Investigaciones Forenses de Ayacucho, donde se espera que las pruebas de ADN confirmen las identidades de las víctimas.
Los cuerpos encontrados corresponden a Mariano Amaro, su esposa Eliana Limaquispe, quien estaba embarazada en ese momento, y sus seis hijos, con edades que oscilan entre los 2 y los 15 años.
La investigación sugiere que la familia fue ejecutada el 8 de noviembre de 1984, en un contexto en el que las fuerzas militares y policiales llevaban a cabo operaciones duras contra grupos subversivos, pero que también involucraron graves violaciones a los derechos humanos.
Este descubrimiento se suma a los ocho cuerpos que el gobierno peruano entregó y veló en julio pasado en la basílica catedral de Ayacucho
Este descubrimiento se suma a los ocho cuerpos que el gobierno peruano entregó y veló en julio pasado en la basílica catedral de Ayacucho, una región que sufrió los embates del #conflicto armado interno que dejó aproximadamente 69,000 muertos entre 1980 y 2000, según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
La violencia fue desencadenada por la insurgencia maoísta Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que enfrentaron al Estado peruano en una guerra que dejó profundas heridas en la sociedad.
Supuestamente, la reciente ley de amnistía aprobada por el Congreso peruano ha generado controversia, ya que favorece a militares y policías condenados o investigados por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, cometidas durante los operativos contra los grupos insurgentes.
Esto ha reavivado las heridas de un conflicto que, según informes internacionales, supuestamente dejó un saldo de miles de víctimas sin justicia aún.
El proceso de identificación y reconocimiento de las víctimas continúa siendo un paso fundamental para la reconciliación en un país que aún busca cerrar heridas abiertas desde hace décadas.