Un incidente mortal ocurrió en Nariño cuando fuerzas navales colombianas abrieron fuego contra una embarcación en la que viajaba la alcaldesa de Mosquera y su equipo, causando la muerte de un funcionario y dejando a otro herido, en medio de un operativo en una zona controlada por grupos armados.
La embarcación en la que viajaban, incluida la alcaldesa del municipio, fue alcanzada por disparos durante un operativo en una zona conocida por la fuerte presencia de grupos armados ilegales.
Según informaron fuentes oficiales, la embarcación navegaba en dirección contraria y a alta velocidad por el río Patía, un río que atraviesa varias regiones del suroeste colombiano y que ha sido escenario de múltiples enfrentamientos entre las fuerzas del Estado y grupos insurgentes.
La Armada, presuntamente actuando en cumplimiento de su deber para garantizar la seguridad en la zona, decidió activar sus armas ante la sospecha de que la embarcación representaba una amenaza.
El Ejército colombiano, en un comunicado oficial, explicó que la acción fue necesaria debido a que la embarcación se desplazaba en un área con presencia activa de grupos armados, y que la situación supuestamente requería una respuesta rápida para proteger a las personas y evitar un incidente mayor.
Sin embargo, esta acción tuvo consecuencias trágicas, resultando en la muerte de Luis Fernando Sánchez, un asesor de la alcaldesa de Mosquera, y dejando a otro funcionario gravemente herido.
Supuestamente, la embarcación no cumplía con las normativas de seguridad y navegaba en condiciones peligrosas, lo que habría llevado a los militares a tomar medidas extremas.
La alcaldesa de Mosquera, Karen Pineda, expresó su pesar por el fallecimiento del asesor y criticó la acción militar, señalando que la situación podría haberse manejado de otra manera.
Presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia, también se pronunció en redes sociales, lamentando la pérdida de Sánchez y atribuyendo el incidente a un presunto incumplimiento de los protocolos de seguridad.
Petro aseguró que la investigación será llevada a cabo con todo el rigor y destacó la importancia de esclarecer los hechos para evitar que se repitan situaciones similares.
Por su parte, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en #Colombia y la Defensoría del Pueblo emitieron comunicados en los que lamentaron la muerte del funcionario y solicitaron una investigación exhaustiva y transparente.
Supuestamente, estos organismos solicitaron que se esclarezcan las circunstancias de los hechos para garantizar la justicia y la protección de los #derechos humanos en una región tan conflictiva.
Este incidente ocurre en un contexto de tensión constante en Nariño, una región que ha sido escenario de múltiples enfrentamientos entre el Ejército y diferentes grupos armados ilegales, supuestamente financiados y respaldados por actores internos e internacionales.
La zona ha estado marcada por la presencia de guerrillas y grupos narcotraficantes, que controlan rutas y territorios estratégicos, generando un clima de inseguridad que afecta a la población civil.
La comunidad local y las organizaciones humanitarias han pedido mayor responsabilidad y transparencia en las operaciones militares, además de medidas para proteger a los civiles en medio de esta violencia.
El incidente en #Nariño ha despertado nuevamente el debate sobre la eficacia y los riesgos del uso de la fuerza en zonas de conflicto, y sobre la necesidad de implementar protocolos que eviten tragedias como la ocurrida en esta ocasión.
