Luis Alberto Cancino Mena, acusado de instalar cámaras ocultas en baños de su vivienda en Sidney, recibió una condena de nueve meses de servicio comunitario en lugar de prisión, tras admitir su culpabilidad en grabaciones sin consentimiento.
Según informó ABC News, Cancino instaló una cámara disfrazada dentro de un lápiz, que utilizaba para grabar en secreto a las mujeres mientras estaban en la ducha.
Este tipo de dispositivos, presuntamente, se han popularizado en los últimos años por su facilidad de ocultación y bajo costo, alcanzando en el mercado europeo precios que oscilan entre 20 y 50 euros.
Supuestamente, Cancino fue grabado en el acto instalando la cámara y, tras su captura, realizó 'admisiones completas y francas' ante las autoridades, admitiendo su responsabilidad en los cargos que se le imputaban.
La fiscalía presentó evidencias que incluían las grabaciones y las propias cámaras, lo que facilitó la resolución del caso. Aunque en un principio se pensaba que podría enfrentar una condena de prisión, la #justicia australiana optó por una pena menor, imponiéndole nueve meses de servicio comunitario.
La decisión fue tomada por el magistrado Michael Barko, quien también dictaminó una orden de alejamiento de dos años, que prohíbe a Cancino acercarse a las víctimas.
El acusado, que en ese momento tenía su visa temporal en proceso de vencimiento, expresó a los policías su intención de regresar a Chile una vez terminado su acuerdo de servicios comunitarios.
Presuntamente, Cancino argumentó que no quería permanecer en Australia, alegando que el ambiente no era favorable para él y que la opinión pública en su contra era negativa.
Casos similares de espionaje doméstico con cámaras ocultas han generado gran preocupación en países como Australia
Históricamente, casos similares de espionaje doméstico con cámaras ocultas han generado gran preocupación en países como Australia, que en los últimos años ha endurecido sus leyes en materia de privacidad y delitos informáticos.
La legislación australiana contempla penas severas para quienes vulneren el derecho a la intimidad de otras personas, con multas que pueden superar los 100,000 dólares australianos (aproximadamente 63,000 euros) y largas condenas en prisión.
Supuestamente, en el mercado internacional, la #tecnología utilizada en estos casos se ha expandido rápidamente, con productos que se venden a través de plataformas online y que no siempre están regulados.
La facilidad de adquisición y el bajo costo, que en Europa puede variar entre 20 y 50 euros, han contribuido a un aumento en los delitos relacionados con la videovigilancia no autorizada.
En conclusión, aunque Cancino solo recibió una condena de servicio comunitario, su caso ha generado un debate sobre la protección de la privacidad y la vigilancia no consentida en países con leyes estrictas.
La justicia australiana dejó claro que, aunque las penas puedan variar, las acciones que vulneran la intimidad de las personas tienen consecuencias legales, y que la sociedad no tolera este tipo de conductas.
