La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ratificó la acusación contra el expresidente Alberto Fernández en un caso por presunta violencia de género, mientras se decide si será juzgado en un proceso oral y público.
La decisión fue unánime y se dio en medio de un proceso judicial que ha generado gran repercusión pública y mediática en el país.
Supuestamente, la #justicia argentina también aceptó la petición de la defensa del exmandatario para apartar al juez a cargo del caso, Julián Ercolini, con el objetivo de garantizar la imparcialidad y evitar cualquier sospecha de parcialidad.
En su lugar, se dispuso la designación de un nuevo magistrado, en una medida que busca asegurar la transparencia en el proceso.
El tribunal, compuesto por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, decidió rechazar de manera unánime los argumentos presentados por la defensa, que alegaba posibles irregularidades en la acusación.
Fernández, de 65 años, enfrenta cargos por lesiones leves y agravadas por violencia de género, además de amenazas coactivas, en un contexto que la justicia ha considerado como reiterado.
El fiscal federal Ramiro González, que lleva el caso, solicitó el pasado 14 de agosto que Fernández sea sometido a un juicio oral y público. La solicitud fue respaldada por diversas pruebas y testimonios recopilados durante la investigación, que incluyen conversaciones en teléfonos, videos, historias clínicas y declaraciones de testigos, entre otros.
Relacionadas con supuestas lesiones leves en un contexto de violencia de género
Supuestamente, Yánez, de 43 años, presentó en 2024 una denuncia formal contra Fernández, basada en evidencias halladas en el teléfono de su secretaria, relacionadas con supuestas lesiones leves en un contexto de violencia de género.
La investigación también analizaba un posible tráfico de influencias del expresidente, y en ese marco se encontraron conversaciones y archivos que, según la denuncia, respaldarían los hechos.
El 17 de febrero pasado, el juez Ercolini acusó formalmente a Fernández de ser responsable penalmente en un caso en el que se le imputan delitos de lesiones leves, agravadas por #violencia de género y amenazas, cometidas en reiteradas ocasiones.
La acusación se basó en una extensa recopilación de pruebas, incluyendo documentación médica, llamadas telefónicas, mensajes de texto y testimonios de diversos testigos.
De ser condenado, Fernández podría enfrentar una pena máxima de hasta quince años de prisión, según la legislación argentina. Este proceso judicial ha sido seguido con atención por la opinión pública y sectores políticos, quienes observan de cerca el desarrollo del caso, que supone un importante capítulo en la lucha contra la violencia de género en el país.
Históricamente, #Argentina ha enfrentado desafíos relacionados con la violencia de género y la protección de los derechos de las víctimas, impulsando leyes más estrictas y campañas de sensibilización.
