El Ayuntamiento de La Coruña implementará un programa de asesoramiento para ayudar a arrendatarios y potenciales arrendatarios en el acceso a la vivienda. Este programa busca atender la creciente problemática del alquiler en la ciudad.
En La Coruña, Galicia, la alcaldesa Inés Rey lideró la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, donde se acordó encargar a la Empresa Municipal de Vivienda y Servicios (EMVSA) la implementación, antes de finalizar el año, del primer programa de asesoramiento dirigido a personas arrendatarias en la ciudad.
El concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, recordó que en julio pasado, el Gobierno de Inés Rey había anunciado el lanzamiento de esta iniciativa, que responde a una situación que afecta no solo a La Coruña, sino también a numerosos municipios gallegos y del resto del país.
En los últimos años, el acceso a la vivienda en propiedad se ha vuelto cada vez más complicado y, a la par, el coste de los alquileres ha aumentado notablemente, alcanzando cifras que a menudo son inalcanzables para una gran parte de la población.
Lage subrayó la importancia de "equilibrar esta realidad y utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para garantizar un derecho constitucional: que las personas puedan contar con una vivienda digna y adecuada". En este contexto, el Ayuntamiento activará un nuevo programa de asesoramiento dirigido a arrendatarios y potenciales arrendatarios, que facilitará su derecho de acceso a la vivienda.
Este encargo será gestionado por la EMVSA y tendrá continuación en el año 2025.
El programa permitirá al Ayuntamiento ofrecer asesoría a los ciudadanos en materia de arrendamientos, brindando información sobre las ayudas disponibles para alquileres y educando a los usuarios sobre los derechos y obligaciones básicas que se asumen al formalizar un contrato de arrendamiento.
Esto también incluirá capacitación sobre posibles situaciones legales y problemas que puedan surgir durante la vigencia del contrato, así como aspectos relacionados con la conservación y mantenimiento del inmueble, daños a terceros, obligaciones hacia la comunidad de propietarios y desalojos, entre otros.
Se prestará especial atención a los arrendatarios con discapacidad o a quienes tengan a su cargo personas con discapacidad.
De acuerdo con el informe de la EMVSA, el Ayuntamiento planea reforzar su personal en el ámbito jurídico para hacer frente a las necesidades que surjan a partir de este nuevo programa.
Además, en la misma reunión se dio luz verde, de manera preliminar, al Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026. Esta iniciativa es parte de la hoja de ruta del Gobierno municipal para abordar las necesidades sociales y económicas del tejido asociativo a nivel local, con una proyección a corta distancia.
Lage expuso los detalles del plan que continuará con las líneas establecidas entre 2021 y 2023, un periodo altamente afectado por la pandemia de COVID-19. "Dadas las circunstancias, se tuvieron en cuenta situaciones específicas de vulnerabilidad.
El plan para 2024-2026 tiene un enfoque más estructurado, aunque se seguirán abordando situaciones de urgencia que puedan surgir a nivel local", comentó.
Dentro de las cinco metas estratégicas del plan se destaca la dinamización económica de La Coruña, con énfasis en la innovación para la creación de empleo de calidad.
También se prestará atención a temas como el bienestar social, gestionando políticas de vivienda que sean inclusivas.
El plan incluye líneas de ayuda vitales como las Bolsas Comedor, la Renta Social Municipal y ayudas de emergencia, con asignaciones que superan el millón de euros anuales, dependiendo de cada caso.
Además, se destinarán 600.000 euros anuales al Talón Restaurante, que apoya la alimentación saludable para quienes más lo necesitan.
Lage destacó que este plan también tiene en cuenta las necesidades de las familias y los niños, facilitando que la Federación de ANPA desarrolle actividades educativas, culturales y deportivas en los centros públicos.
Con este enfoque, el Plan Estratégico de Subvenciones se convierte en una herramienta esencial para que el municipio pueda realizar un diagnóstico preciso de las necesidades del tejido asociativo, facilitando a su vez la presentación de solicitudes y respuestas adecuadas a las mismas.
Tras la aprobación inicial, se abrirá un plazo de exposición pública de treinta días hábiles, donde se llevarán a cabo encuentros con entidades y grupos políticos, para enriquecer el plan con sus aportaciones.
La versión final se ratificará en diciembre, con el objetivo de garantizar un acceso equitativo a los recursos públicos, mejorando su distribución para que beneficien a la sociedad en su conjunto.