El Ayuntamiento de La Coruña aprobó una nueva Ordenanza municipal para agilizar la concesión de subvenciones a entidades y personas beneficiarias.

En La Coruña, Galicia, la alcaldesa, Inés Rey, presidió este miércoles la sesión ordinaria de la Xunta de Gobierno Local, donde se aprobó la nueva Ordenanza municipal de bases reguladoras generales para la concesión de subvenciones, un nuevo instrumento que brindará mayor seguridad jurídica a las entidades y personas beneficiarias y permitirá agilizar la concesión de las ayudas públicas otorgadas por el Ayuntamiento.

Esta nueva ordenanza regula la concesión de las subvenciones nominativas incluidas en el Presupuesto General del Ayuntamiento.

Además, contempla también subvenciones excepcionales otorgadas por razones de interés público, social, económico o humanitario.

Esto permitirá, por ejemplo, acelerar los trámites de pago anticipado en situaciones de emergencia, como ocurrió durante la pandemia de Covid-19.

"Uno de los objetivos que buscamos con la puesta en funcionamiento de la ordenanza es reducir los tiempos en situaciones de urgencia o interés general.

Esto tendrá un impacto positivo en la colaboración con el tercer sector, ya que en el día a día de las asociaciones hay aspectos que requieren celeridad y que no siempre pueden cumplir con los plazos administrativos convencionales", explicó Inés Rey.

Asimismo, se podrán ejecutar pagos a cuenta o anticipados, superando el 90% del importe subvencionable justo después de la concesión, para facilitar a los beneficiarios el desarrollo de sus actividades.

En cuanto a la rendición de cuentas, durante el primer semestre de cada año, la Xunta de Gobierno Local presentará una memoria de las subvenciones concedidas durante el año anterior.

"Esto servirá para hacer balance y rendir cuentas, una medida pionera a nivel local que también redundará en una mayor transparencia por parte de la Administración", destacó Inés Rey.

Otra medida destacada de la ordenanza es la simplificación y reducción de cargas administrativas, eliminando la necesidad de presentar documentos o aportar datos que ya estén en poder de las administraciones públicas.

Esto contribuirá a agilizar los trámites a las personas o entidades solicitantes.