El Concello da Coruña ha tomado una decisión significativa al aumentar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que deberá pagar la concesionaria de la AP-9, Audasa.

Esta medida se produce tras la derogación de la bonificación estatal que permitía a la empresa beneficiarse de una reducción del 95% en este impuesto, catalogando la autopista como un Bien Inmueble de Características Especiales.

Con la nueva normativa, que se implementará de forma inmediata, Audasa verá un cambio drástico en su carga fiscal.

La empresa, que hasta ahora abonaba aproximadamente 1.312 euros anuales por el IBI, deberá a partir de ahora pagar 26.257 euros al año.

Este incremento significativo en la tributación es una respuesta clara del Gobierno local que busca asegurar que Audasa contribuya adecuadamente con los impuestos que permiten mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de los ciudadanos.

José Manuel Lage, primer teniente de alcaldesa y portavoz del Gobierno municipal, ha señalado que "no hacemos más que aplicar a Audasa la misma política que ellos aplican a sus usuarios.

La empresa deber pagar lo que le corresponde y contribuir con sus impuestos a mejorar los servicios para los ciudadanos". Esta declaración resalta el compromiso del Concello de aplicar un enfoque equitativo en el ámbito fiscal.

Lage también recordó que la AP-9 podría ser actualmente una autovía libre de peaje si no fuera por la decisión del Gobierno de José María Aznar en el pasado, que prorrogó la concesión de la autopista por 25 años, extendiendo su vigencia hasta el 2048. Esta situación ha sido un tema de debate entre los residentes y las autoridades locales, quienes argumentan que la autopista genera una carga económica significativa para los conductores.

A pesar de los cambios para Audasa, Lage destacó que todavía existen bonificaciones para los usuarios de la autopista.

Entre las ventajas actuales se incluye el regreso gratuito para quienes realicen su trayecto de ida y vuelta el mismo día.

Sin embargo, enfatizó que estas bonificaciones son asumidas por el Estado desde su implementación en 2021, lo que significa que no se aplican costos a la empresa concesionaria.

El Gobierno municipal considera que, dado que estas bonificaciones están cubiertas por el Estado, no hay justificación para ofrecer reducciones fiscales a Audasa.

La nueva estructura del IBI se alinea con el compromiso del Concello de garantizar que todas las entidades con fines de lucro colaboren en la financiación de las infraestructuras y servicios públicos.

Este cambio en la política impositiva no solo tiene implicaciones financieras para Audasa, sino que también refleja un enfoque más amplio hacia la regulación de las concesiones y las responsabilidades fiscales en Galicia.

La decisión del Concello se produce en un contexto de creciente preocupación pública sobre la equidad en el acceso a los servicios y el tratamiento fiscal de las empresas que operan en la región.