La disputa entre el club argentino y la confederación sudamericana continúa escalando tras la decisión que dejó fuera a Independiente en la Copa Sudamericana, generando reacciones en toda la región.
La decisión, que supuestamente descalificó al equipo argentino, ha provocado una serie de reacciones desde diferentes sectores del fútbol en la región.
El viernes 5 de septiembre de 2025, #Independiente emitió un extenso comunicado en el que expresó su rechazo vehemente al fallo. La institución argentina afirmó que el fallo “confirma un sesgo en el que las utilidades pesan más que la justicia deportiva” y criticó duramente el modelo de Sociedad Anónima bajo el cual se organiza Universidad de Chile, insinuando que esto afecta la transparencia del torneo.
En la carta, dirigida directamente a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, el club argumentó que la decisión “perpetúa un camino en el que los intereses económicos prevalecen sobre los principios del deporte”.
Supuestamente, la sanción que dejó a Independiente fuera de la competencia tuvo un impacto económico importante para el club, que habría perdido potenciales ingresos por derechos televisivos y patrocinios.
La prensa argentina estima que el club dejó de percibir unos 150.000 euros (aproximadamente 165.000 dólares) por la eliminación, una cifra que, aunque modesta en comparación con otros clubes, simboliza un golpe a su economía y a su historia.
Por su parte, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) reaccionó rápidamente al día siguiente, el sábado 6 de septiembre, a través de su cuenta oficial de Instagram (@fbf_oficial).
La entidad rechazó categóricamente las declaraciones del club argentino y expresó su respaldo a las decisiones de la #Conmebol y a su presidente, Alejandro Domínguez.
La FBF afirmó que “nadie está por encima de las reglas” y subrayó la importancia de que los clubes cumplan con los protocolos y normativas que rigen las competiciones continentales.
La FBF también remarcó que “reafirmamos nuestro rechazo a toda forma de violencia y a las acciones que puedan poner en riesgo la seguridad y la integridad del fútbol sudamericano”
Supuestamente, la FBF también remarcó que “reafirmamos nuestro rechazo a toda forma de violencia y a las acciones que puedan poner en riesgo la seguridad y la integridad del fútbol sudamericano”, en referencia a las declaraciones de Independiente.
La federación boliviana reiteró su compromiso con la justicia deportiva, la transparencia y la convivencia en el fútbol regional, en contraste con el tono desafiante del comunicado del club argentino.
La polémica no se detuvo allí. La #Universidad de Chile también salió en defensa de su posición, condenando enérgicamente la carta dirigida a Domínguez. En un comunicado oficial, el club chileno manifestó que no comparte las #sanciones que la institución recibió por parte de la organización y que, en caso de considerarlas injustas, cuenta con instancias de apelación y revisión contempladas en la normativa de la Conmebol.
Supuestamente, el club chileno recordó que cualquier reclamo adicional puede ser presentado formalmente ante las instancias correspondientes, incluyendo la FIFA, y que no se deben realizar ataques personales o declaraciones que puedan perjudicar la imagen del fútbol sudamericano.
La reacción de Universidad de Chile fue rápidamente viralizada en Argentina y en la región, generando debates sobre la transparencia y la justicia en los procesos disciplinarios.
Este conflicto, que parece tener raíces en diferencias de intereses económicos y en interpretaciones de las normativas, recuerda episodios históricos en el fútbol sudamericano donde las decisiones de las autoridades a menudo generan controversia y debate público.
La disputa entre Independiente y la Conmebol pone en evidencia la tensión entre los clubes tradicionales y las instituciones que buscan modernizar y profesionalizar la gestión del fútbol en la región.
Supuestamente, algunos analistas consideran que estas tensiones podrían afectar futuras decisiones y la estabilidad del torneo, además de poner en jaque la credibilidad de las sanciones aplicadas por la organización.
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