El Congreso Internacional House Action analizó los desafíos del mercado de la vivienda en Euskadi y el contexto global, destacando la importancia de datos abiertos, políticas inclusivas y la coordinación institucional para garantizar acceso a viviendas asequibles y reducir la exclusión social.
Entre los ponentes destacados, el catedrático y economista José García Montalvo ofreció una perspectiva profunda sobre las causas del déficit de #vivienda asequible y las estrategias necesarias para abordarlo.
García Montalvo explicó que, aunque el problema se percibe principalmente en las grandes ciudades como Bilbao, San Sebastián y Vitoria, la realidad es que se ha convertido en un fenómeno que afecta a la mayoría de las urbes del mundo, con una expansión hacia las áreas metropolitanas.
La raíz del problema, según el experto, se encuentra en lo que denominó 'economía política', donde los intereses políticos y económicos coluden en limitar la expansión de viviendas para mantener el valor de las propiedades existentes.
Esto genera una restricción en la oferta que, a la larga, aumenta los precios y disminuye la disponibilidad de alquileres asequibles.
Para ilustrar la magnitud del reto, García Montalvo resaltó que la proporción de viviendas de alquiler en Euskadi, comparada con otros países de Europa, es significativamente baja, situándose en torno al 2,7%, muy por debajo del 8% que tiene la Unión Europea.
La construcción de nuevas viviendas, además, se ve obstaculizada por dificultades administrativas, limitaciones en las políticas de suelo y escasos recursos para viviendas sociales, que en #Euskadi representan aproximadamente el 2,5% del parque habitacional, frente al 8% de media en Europa.
Otro aspecto clave que abordó fue la inseguridad que enfrentan los propietarios, motivada por restricciones como el control de rentas, que limita la rentabilidad del alquiler y favorece que muchas viviendas sean destinadas a alquiler turístico o comercial, en lugar de residencial.
Esto, en su visión, incrementa la percepción de riesgo, dificultando aún más la estabilidad del mercado.
García Montalvo también hizo énfasis en la necesidad de impulsar la vivienda social como mecanismo para atender a colectivos vulnerables, incluyendo jóvenes, familias monoparentales y migrantes.
Propuso que estas viviendas deben ser gestionadas y financiadas mediante un enfoque coordinado y sostenido, destacando el ejemplo de la política de vivienda de la Comunidad Autónoma Vasca, que ha logrado mantener principios claros, informes periódicos y una ingeniería institucional eficaz para implementar sus programas.
Compraventa y viviendas vacías necesita integrarse a través de plataformas interoperables
En dicho congreso, también se discutió la importancia de contar con bases de datos abiertas y de calidad. Expertos como Julien Dijol, de Housing Europe, argumentaron que sin datos precisos y accesibles, resulta difícil diseñar políticas efectivas. La recopilación de información sobre el mercado de alquiler, compraventa y viviendas vacías necesita integrarse a través de plataformas interoperables, combinando datos de registros, notarías, fianzas y agencias tributarias para obtener una visión realista y actualizada.
Asimismo, Aleix Arcarons, del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona, explicó que en Cataluña, el 90% de la población vive en zonas con mercado de vivienda tensionado, reconociendo la dificultad de juntar los datos dispersos y resaltando que una política basada en evidencias sólidas puede facilitar decisiones más efectivas y adaptadas a la realidad.
En la segunda sesión, representantes de organizaciones sociales y gubernamentales coincidieron en que la solución a la exclusión residencial requiere mover el foco del riesgo de desplazamiento hacia la inclusión social, mediante medidas como la diversificación de la oferta de viviendas, promoviendo cooperativas y reforzando programas de vivienda colaborativa.
El director general de Provivienda, Eduardo Gutiérrez, subrayó la importancia de alianzas público-privadas, inspiradas en modelos internacionales de éxito, como los de Viena o los Países Bajos, que combinan fondos estatales y financiamiento de banca ética.
Por otro lado, Elga Molina, de Vivienda del Gobierno de Navarra, defendió que en el contexto vasco la regulación sobre precios y la seguridad en los contratos de alquiler son complementos necesarios, dando mayor estabilidad a las familias que buscan vivienda.
Además, propuso explorar alternativas como el uso de locales comerciales vacíos para convertirlos en viviendas, y buscar nuevos recursos habitacionales mediante incentivos fiscales y ayudas destinadas a colectivos vulnerables.
La problemática de viviendas vacías también fue abordada, destacando programas como Bizigune, que ofrece seguridad jurídica a los propietarios para facilitar el realojo en situaciones de emergencia social.
Los expertos resaltaron que la formulación de políticas de vivienda debe ser integral y a corto, medio y largo plazo, buscando no solo solucionar la falta de recursos habitacionales, sino también minimizar la exclusión social.
