En la comunidad autónoma del País Vasco, el Consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha expuesto su plan para reactivar el desarrollo urbano, centrando esfuerzos en la creación de viviendas sociales.

Durante una reciente entrevista en Radio Euskadi, Itxaso destacó la necesidad de un enfoque colaborativo entre el sector público y privado para alcanzar el ambicioso objetivo de construir 7.000 viviendas destinadas al alquiler social a lo largo de esta legislatura.

Itxaso subrayó que las cuestiones relacionadas con el urbanismo son complejas y requieren un análisis multidimensional.

Presentando el problema de la vivienda como una cuestión social, el Consejero afirmó que, aunque ya se han realizado esfuerzos significativos, los efectos de las nuevas medidas no se verán reflejados de inmediato.

"Es fundamental dar un impulso a los procesos y acelerar su implementación", indicó.

Uno de los componentes clave de su estrategia es el Pacto Social por la Vivienda 2022-2036. Este pacto se concibe como un camino que incluye metas intermedias, con el objetivo de abordar la creciente escasez de viviendas en alquiler.

Itxaso enfatizó que el crecimiento del parque de viviendas no se está produciendo a la velocidad necesaria para atender la demanda, lo que ejerce una presión considerable sobre el mercado.

Respecto a la adquisición de viviendas en el mercado libre para fines sociales, el Consejero defendió la importancia de movilizar terrenos y habilitar métodos de compra que permitan adquirir propiedades a precios asequibles, a fin de hacer más atractiva la utilización del suelo privado.

El compromiso del Departamento de Vivienda es firme: se pretende construir anualmente un mayor número de viviendas, aumentando el ritmo de construcción de 1.000 a 1.500 unidades al año, lo que implica la necesidad de establecer acuerdos sólidos con los municipios.

Así, los primeros seis meses de implementación serán cruciales para evaluar si existen los recursos y la infraestructura necesarios para llevar a cabo esta iniciativa.

Además, en Euskadi hay aproximadamente 50.000 viviendas vacías, de las cuales 15.000 requieren rehabilitación.

Itxaso aseguró que se incrementará del 1,5% al 3% el número de viviendas rehabilitadas anualmente, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Para cumplir este objetivo, es esencial una gestión eficiente del presupuesto, reiteró el Consejero.

En cuanto a las zonas urbanas bajo tensión de demanda, Itxaso mencionó la experiencia de Errenteria, que podría ser el primer municipio de la comunidad en recibir esta declaración, prevista para septiembre.

Expresó la intención de que la figura de las zonas tensionadas sea acompañada de políticas complementarias para garantizar su efectividad.

Finalmente, se refirió a la necesidad de implementar reformas fiscales que favorezcan el acceso a la vivienda.

En este sentido, destacó los esfuerzos en las Juntas Generales de Gipuzkoa para crear un sistema fiscal más equitativo, que ajuste las deducciones según las rentas, priorizando a los hogares con menores ingresos.

De los 900 millones de euros que el Gobierno Vasco destina a vivienda, cerca del 50% está compuesto por deducciones fiscales, lo que evidencia la relevancia de abordar estas cuestiones a nivel nacional.