El Gobierno Vasco ha tomado una decisión trascendental para el sector de la vivienda en Euskadi, al aprobar un aumento del 50% en la carga de trabajo anual de Visesa, que pasará de iniciar la construcción de 500 a 750 viviendas protegidas en régimen de alquiler para el año 2025. Esta es una de las mayores cifras de inicio de construcción de nuevas viviendas que se hayan registrado en la última década.

Dicha decisión fue adoptada en el Consejo de Administración de Visesa el pasado 15 de octubre y representa un notable incremento en el presupuesto programado, que crecerá de 20,2 millones de euros en 2024 a 35,16 millones de euros en 2025. Esto reafirma el compromiso del Gobierno Vasco en la mejora del acceso a la vivienda, en medio de una creciente crisis de alquileres que afecta a la población.

Además, el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana se está preparando para vender terrenos a 1.000 propietarios de viviendas que fueron originalmente protegidas y que perdieron esa calificación debido a su antigüedad, alineándose con la normativa establecida por el Decreto de 2003. Esta venta de terrenos permitirá recuperar la calificación de Vivienda de Protección Oficial (VPO) y se estima que generará unos 20 millones de euros, que serán reinvertidos en la construcción de vivienda protegida de alquiler.

Actualmente, hay en Euskadi unas 9.035 viviendas que han perdido esta calificación, distribuidas en las tres provincias: 1.207 en Álava, 4.631 en Bizkaia y 3.197 en Gipuzkoa.

El Consejero de Vivienda, Denis Itxaso, subrayó que la recuperación de estas viviendas no solo corrige un error del pasado, sino que también generará ingresos necesarios en un contexto de crisis habitacional.

Esta medida es parte de una serie de políticas destinadas a abordar las tensiones en el mercado de alquiler en diversas áreas del País Vasco.

El departamento también estudia mejorar las condiciones de la prestación Gaztelagun, que actualmente beneficia a más de 7.000 jóvenes en Euskadi.

Con la idea de actualizar el límite de ingresos para jóvenes menores de 36 años, se proyecta aumentar el umbral a 30.000 euros anuales.

Esto significará una ayuda de 300 euros mensuales para el pago de rentas en el mercado libre, en un intento por aliviar la carga financiera de los jóvenes.

En las áreas metropolitanas más tensionadas, como Bilbao y Donostia, el precio máximo de alquiler se ha fijado en 750 euros mensuales, mientras que en los municipios menos poblados el límite es de 675 euros.

También se están considerando cambios en el Decreto de 2013 que regula el servicio de intermediación pública de alquiler Bizigune, con el objetivo de aumentar el incentivo para los propietarios de viviendas que deseen incorporarlas al parque público de alquiler protegido, lo que facilitaría una mayor oferta habitacional en un mercado creciente y desafiante.

La implementación de estas medidas pretende contrarrestar los efectos nocivos que podrían surgir si los precios de alquiler se elevan aún más, asegurando una gestión responsable del acceso a la vivienda en Euskadi.