El Gobierno Vasco ha aprobado un nuevo Plan Director de Vivienda para 2025-2027, que busca responder a la emergencia habitacional mediante reformas urbanísticas, mayores recursos y colaboraciones con los ayuntamientos, con el objetivo de incrementar en 35.000 las viviendas protegidas y facilitar el acceso a la vivienda digna en Euskadi.
El Gobierno Vasco ha aprobado recientemente el Plan Director de Vivienda 2025-2027, una estrategia ambiciosa diseñada para abordar la creciente crisis habitacional que enfrenta Euskadi.
El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, presentó el plan ante el Consejo de Gobierno y anunció su envío inmediato al Parlamento Vasco, solicitando además a los grupos políticos que impulsen una legislación que ofrezca soluciones integrales para las clases medias, que cada vez más tengan dificultades para acceder a una vivienda digna.
La problemática de la vivienda en Euskadi se ha agravado en los últimos años. Según datos recientes, el coste de alquiler y compra en la región supera ya el 30% de los ingresos de la mayoría de las familias, llegando hasta un 39% en algunos colectivos como los registrados en el sistema de gestión habitacional Etxebide.
Esta situación ha puesto en jaque la estabilidad de muchas familias y ha puesto en evidencia la necesidad de implementar medidas urgentes y sostenibles.
Este plan, que cubre el período 2025-2027, se fundamenta en tres pilares principales: reformas legislativas, incremento de recursos y acuerdos con los ayuntamientos.
La finalidad es actuar de manera rápida y decidida, facilitando la generación de nuevas viviendas protegidas y regulando de manera efectiva el mercado del alquiler.
Para ello, el Ejecutivo Vasco propone modificar leyes existentes, como la Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo, y aprobar un decreto que agilice los trámites urbanísticos y fomente la rehabilitación de espacios y locales en desuso.
En línea con las políticas internacionales, Euskadi busca también potenciar la colaboración público-privada. El plan contempla mecanismos innovadores para movilizar recursos, incluyendo la creación de un fondo social de vivienda, que promoverá la inversión tanto pública como privada para ampliar el parque de viviendas en alquiler protegido.
Algunas instituciones como el Banco Europeo de Inversiones y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) aportarán fondos para facilitar estos proyectos.
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La fiscalidad se reforzará también para quienes alquilan viviendas en estos municipios, limitando el uso turístico y promoviendo un mercado más social y equilibrado.
Una de las novedades del plan es su enfoque en la industrialización, que pretende modernizar el sector de la construcción. La utilización de técnicas con menor impacto ecológico y mayor eficiencia en costos y plazos permitirá aumentar la producción de viviendas en menos tiempo, apuntando a la meta de alcanzar un parque de 150.000 viviendas protegidas en la región para 2035, en línea con los objetivos del Pacto Social por la Vivienda.
Euskadi, con su tradición industrial, busca aprovechar esta fortaleza para consolidar un modelo de construcción más sostenible y competitivo. La estrategia también prioriza la protección de los colectivos más vulnerables, incluyendo jóvenes y personas con derecho subjetivo, mediante ayudas económicas, programas de emancipación y medidas fiscales que incentiven tanto a inquilinos como a propietarios.
Este plan se enmarca en una visión a largo plazo que prioriza un equilibrio social y económico en el acceso a la vivienda y responde a una problemática que afecta también a otras regiones del mundo, donde el aumento de los precios, la escasez de suelo y los cambios demográficos representan desafíos globales.
La apuesta por reformas, recursos y colaboración, junto con una gestión eficiente del suelo y la industrialización, marcan un camino decidido para Euskadi en el próximo lustro, con la esperanza de ofrecer soluciones sostenibles y duraderas a quienes luchan por una vivienda digna.
