En Euskadi, el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana ha iniciado un proceso de análisis sobre el impacto y resultado de la normativa vigente en torno a la producción de vivienda protegida y de vivienda libre.

Denis Itxaso, consejero de este departamento, enfatizó durante una entrevista en Naiz Irratia la urgencia de que los ayuntamientos activen el canon sobre viviendas desocupadas, tal como lo establece el decreto sobre viviendas vacías de la comunidad autónoma.

Se dirige especialmente a aquellos propietarios que, a pesar de contar con incentivos fiscales y oportunidades de intermediación pública a través del programa Bizigune, optan por dejar sus hogares cerrados.

Itxaso ha afirmado que "esperamos no tener que llegar a aplicar estas medidas, pero si fuera necesario para poner en circulación las viviendas vacías, lo haremos".

En la misma charla, Itxaso hizo hincapié en que el nuevo Foro de Urbanismo y Vivienda de Euskadi comenzará sus actividades en 2025, con una revisión exhaustiva de la Ley de Suelo de 2006.

Esta iniciativa busca entender cómo mejorar y optimizar la disponibilidad de suelo para la construcción, una necesidad creciente en la población. "Vamos a requerir la colaboración del sector público y privado, porque no es un desafío que se pueda enfrentar únicamente desde el ámbito administrativo", destacó el consejero.

Además, Itxaso manifestó su conciencia respecto a las diferencias temporales entre los procesos de planificación urbanística y las urgencias de la población, lo que lleva a una necesidad inminente de fijar límites a los precios de alquiler para garantizar la protección de los ciudadanos.

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Este asunto cobra mayor relevancia en las zonas consideradas tensionadas, donde se han ido identificando varios municipios. Errenteria fue la primera localidad en ser clasificada como tal, seguida de otras como Zumaia, Galdakao, Lasarte-Oria, Irun, San Sebastián y Barakaldo, así como Bilbao y Vitoria.

Según Itxaso, "2025 será un año decisivo, dado que estos municipios representan el 68% de la población vasca".

Asimismo, Itxaso instó a trasladar ciertas actividades comerciales que se realizaban en plantas altas a locales en planta baja, para aumentar la disponibilidad de vivienda y también planteó la necesidad de restringir la proliferación de apartamentos turísticos, que afectan la oferta de vivienda regular.

En relación a los desahucios, el consejero resaltó cómo Alokabide, la agencia pública que administra unas 17.000 viviendas, ha manejado la situación. Destacó que sólo el 1% de los inquilinos enfrentan algún tipo de procedimiento judicial, mayormente relacionado con impagos, y de esos, solo el 0,5% culmina en desahucios, tras haber intentado reorientar la situación de los afectados.

Finalmente, tras recientes desastres naturales en el resto del país, Itxaso remarcó que la planificación territorial ha sido fundamental en Euskadi.

Subrayó que, por ejemplo, en Donostia se están abordando y eliminando obstáculos que podrían causar inundaciones, como algunos puentes en la zona de Txomin, lo que resalta la importancia de la prevención ante riesgos ambientales.