El Parlamento Europeo ha aprobado una directiva que garantiza condiciones preferenciales para personas con discapacidad en toda la Unión Europea
En Euskadi, el Gobierno Vasco ha participado en la definición y gestión de la directiva de la UE para la creación de una Tarjeta de Discapacidad a escala europea.
Esta directiva tiene como objetivo garantizar que las personas con discapacidad tengan igualdad de acceso a condiciones preferenciales en toda la Unión Europea.
La Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad proporcionarán a sus titulares acceso a condiciones preferenciales como tasas de entrada reducidas o nulas, acceso prioritario y estacionamiento reservado.
La nueva normativa se aplicará a estancias de corta duración y a los titulares de tarjetas de discapacidad que se trasladen a otro Estado miembro para un programa de movilidad, como Erasmus+. La Tarjeta Europea de Discapacidad se emitirá tanto en formato físico como digital, de forma gratuita.
La Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad también se expedirá en formato físico, y los estados miembros podrán cobrar por los costes administrativos de emisión y renovación de la tarjeta.
Por otra parte, el Parlamento Europeo ha aprobado una directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres, que exige leyes más estrictas contra la ciber violencia, mejor asistencia a las víctimas y medidas para prevenir las violaciones.
Esta normativa también prohíbe la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado, estableciendo orientaciones específicas para los delitos cometidos en línea.
En cuanto a la modificación de la Directiva sobre prevención y lucha contra la trata de seres humanos, el Parlamento Europeo ha ampliado las medidas para combatir este delito y mejorar el apoyo a las víctimas.
La reforma incluye la consideración como delitos a nivel de la UE el matrimonio forzoso, la adopción ilegal y la explotación de mujeres para su uso como vientres de alquiler.
Los Estados miembros dispondrán de dos años para aplicar estas disposiciones.